En un operativo conjunto entre la Aduana, la Policía de la Ciudad y la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA), se desarticuló una organización dedicada al contrabando de autos de alta gama que luego alquilaban a artistas para la realización de videoclips.
La investigación reveló que los vehículos, entre ellos dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, eran ingresados desde Paraguay por residentes de ese país que argumentaban visitas turísticas a Argentina. Sin embargo, al regresar a Paraguay, los autos permanecían en territorio argentino, violando el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur.
Los procedimientos de allanamientos
En los procedimientos realizados en las últimas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se llevaron a cabo cinco allanamientos autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, bajo la supervisión de Marcelo Cardozo. Como resultado, se incautaron cuatro vehículos cuyo valor estimado supera los $500 millones, además de una camioneta Toyota SW4 con matrícula argentina.
Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados durante los operativos, y se secuestraron $30 millones, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación legal. La causa se inició tras detectar un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes.
La maniobra criminal consistía en que los ciudadanos residentes en Paraguay ingresaban los autos a Argentina alegando fines turísticos, pero en realidad los dejaban en el país para su uso indebido. Según fuentes de la investigación, esta práctica se llevaba a cabo por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes exhibían los vehículos en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones audiovisuales.
Uno de los detenidos se presentaba como propietario de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no contaba con actividad económica registrada ante ARCA, lo que también genera sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
Desde el punto de vista legal, esta conducta podría encuadrarse en el artículo 865 del Código Aduanero, que establece penas de hasta 10 años de prisión por contrabando agravado.
La investigación continúa en curso y se estima que el esquema delictivo operaba al menos desde 2023, afectando el mercado de vehículos de alta gama y la industria audiovisual a través del alquiler ilegal de estos automóviles para videoclips y eventos.
