Lo que ocurre en San Carlos de Bariloche no es un conflicto laboral más. Para el sector empresario, es el retrato perfecto de una práctica aceitada, repetida y millonaria, que se repite cada vez que cambia un prestador de servicios en el Centro Atómico Bariloche (CAB) y que ahora amenaza con un golpe económico histórico.
La protagonista es La Mantovana, una empresa con 55 años de trayectoria, que enfrenta una demanda de 49 trabajadores que se consideraron despedidos de manera indirecta tras perder la licitación del servicio de limpieza del CAB en 2024. El reclamo inicial fue de 200 millones de pesos, pero con intereses y actualizaciones ya trepó a $1.080 millones.
El expediente llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde la firma busca revertir una condena parcial que, solo en capital e intereses certificados, supera los $814 millones, con un seguro de caución que ronda los $1.036 millones.
Según la empresa, los trabajadores estaban correctamente encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza, pero reclamaron ser incluidos en el convenio de Comercio, pese a que, afirman, en el Centro Atómico no se realiza actividad comercial. Además, el punto más polémico es que tres días antes de finalizar el contrato, los empleados firmaron el alta temprana con la nueva concesionaria, Linser, y recién después se dieron por despedidos.
“La relación laboral nunca se interrumpió y los trabajadores nunca volvieron a presentarse”, sostuvieron desde la defensa de La Mantovana, que denuncia una violación al principio de buena fe y un mecanismo que se repite desde hace más de 20 años en el CAB, impulsado —según afirman— por los mismos actores legales.
En septiembre de 2025, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche dictó una sentencia parcial, rechazando algunas multas pero admitiendo otros reclamos. La empresa decidió no cerrar acuerdos rápidos y llevar el caso hasta el final.
Mientras el fallo del STJ es esperado con atención, el conflicto vuelve a exponer un debate incómodo: los costos ocultos de los cambios de concesión y un sistema que, según los empresarios, termina castigando a quienes cumplen las reglas.
