La detención de un exfuncionario bonaerense sacudió a la ciudad de La Plata y al ámbito de las políticas públicas de infancia. G. D. F., quien se desempeñaba como trabajador en el Hogar del Padre Cajade y ocupaba un cargo jerárquico en el área provincial de Niñez y Adolescencia, fue arrestado acusado de múltiples hechos de abuso sexual contra menores.
La causa se inició tras la denuncia presentada por familiares de las presuntas víctimas, quienes relataron ante la Justicia una serie de episodios que, según señalaron, habrían comenzado alrededor de 2015 y se habrían extendido durante varios años. En total, los investigadores analizan al menos seis hechos.
Algunos de los denunciantes hoy ya son mayores de edad, mientras que otros tienen entre 15 y 18 años. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, los abusos habrían ocurrido dentro del Hogar Obra Padre Cajade, una institución histórica de La Plata que desde hace más de tres décadas funciona como refugio para chicos en situación de vulnerabilidad, violencia o abandono.
El acusado no solo cumplía tareas como educador dentro del hogar, sino que además era director de Región de Casas de Cuidado en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependencia que forma parte del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad bonaerense. Tras conocerse la investigación, fue inmediatamente apartado de su cargo.
Desde el propio hogar informaron que también se dispuso su desvinculación inmediata y la prohibición total de ingreso a la institución, así como cualquier tipo de contacto con los chicos alojados allí.
La causa está a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, quien lleva adelante una investigación que desde el ámbito judicial califican como “compleja”, tanto por la cantidad de hechos denunciados como por el tiempo transcurrido desde los primeros episodios.
El caso generó especial impacto porque el detenido es militante de derechos humanos y familiar de desaparecidos durante la dictadura, perfil que profundizó la conmoción pública al conocerse las acusaciones.
Ahora, la Justicia avanza en la recolección de pruebas, testimonios y pericias, mientras se intenta establecer el alcance de los hechos denunciados y determinar responsabilidades penales en un expediente que podría ampliarse en las próximas semanas.
