La Fiscalía descentralizada de Choele Choel condenó a dos hombres por hechos graves de violencia de género, en causas que estremecen por los detalles: golpes frente a chicos, desobediencia de órdenes judiciales y una agresión a una mujer que cursaba un embarazo avanzado. Uno de los acusados ya cumple prisión efectiva; el otro quedó en libertad condicional, pero bajo estrictas reglas y con la amenaza concreta de terminar tras las rejas si vuelve a atacar.
El primer caso ocurrió en octubre, en una vivienda de Lamarque. Allí, el hombre atacó a quien era su pareja en plena noche. La golpeó delante de tres niños y también agredió a una de las hijas de la mujer, que intentó defender a su madre. Ambas terminaron con lesiones leves. La escena solo se detuvo cuando una vecina alertó a la Policía y personal de la Unidad 17ª de Lamarque irrumpió en el domicilio.
Además, la investigación reunió denuncias, certificados médicos, intervenciones de la SeNAF y testimonios bajo cámara Gesell de la menor lesionada. Como si fuera poco, el agresor ya tenía antecedentes en otra causa por violencia de género. Con ese cuadro, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una condena de cumplimiento efectivo. Esta vez, no hubo margen para otra oportunidad.
Pero el segundo caso es todavía más crudo. El condenado reconoció tres hechos distintos. Dos fueron contra su pareja, madre de cuatro hijos. En uno de ellos, ocurrido en noviembre del año pasado, la golpeó en el rostro y en el abdomen cuando ella estaba embarazada de ocho meses. Luego, en abril, volvió a agredirla físicamente. Y como si no alcanzara, en febrero de este año atacó a pedradas a un policía que intervenía en un conflicto en un boliche de Luis Beltrán. Todo esto, además, violando medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia.
La causa se sostuvo con actas de denuncia, certificados médicos, partes policiales de la Comisaría 19ª de Luis Beltrán y resoluciones judiciales que ya lo habían excluido del hogar. Frente a esa prueba, también optó por el juicio abreviado. El acuerdo fijó una pena de tres años de prisión condicional y reglas estrictas: no cometer nuevos delitos y no acercarse a la víctima. Si incumple, la condicionalidad se revoca y la cárcel será inevitable.
