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Viernes 27 de Febrero, Neuquén, Argentina
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Revocan la libertad de un imputado por homicidio tras detectar que falseó su domicilio ante la Justicia

Un tribunal revisor ordenó la prisión preventiva de un acusado por el crimen de Juan Domingo Godoy al considerar que brindó información falsa para incumplir las condiciones de su libertad. 

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Un tribunal revisor hizo lugar a un planteo del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

En una decisión que revirtió un fallo judicial previo, un tribunal revisor dispuso la prisión preventiva para H.N.L., imputado como partícipe necesario en un homicidio agravado ocurrido en 2024, luego de comprobarse que habría falseado el domicilio informado ante la Justicia para eludir las restricciones impuestas durante la investigación.

La resolución hizo lugar a un planteo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien sostuvo que la conducta del acusado evidenció un incremento del riesgo procesal y un claro incumplimiento de las condiciones bajo las cuales había recuperado la libertad meses atrás.

H.N.L. había recuperado la libertad el 2 de diciembre pasado por decisión del juez de garantías Marco Lupica Cristo, bajo estrictas condiciones: debía fijar domicilio en la localidad de Añelo, no ingresar a Rincón de los Sauces y abstenerse de mantener contacto con testigos vinculados al caso.

Sin embargo, durante el control de las medidas, la fiscalía detectó inconsistencias en la dirección informada por el imputado. Según la investigación, la nomenclatura catastral consignada no correspondía a Añelo sino a un puesto ubicado dentro del ejido de Rincón de los Sauces, precisamente la localidad a la que tenía prohibido ingresar.

La irregularidad quedó al descubierto cuando personal policial intentó notificarlo para una audiencia judicial y la comisaría de Añelo informó que el domicilio no existía dentro de su jurisdicción.

Ante esa situación, la Justicia declaró la rebeldía del acusado y ordenó su detención, que finalmente se concretó en el mismo lugar que había declarado como residencia.

 

La audiencia de revisión

Durante la audiencia realizada ayer, el fiscal Vignaroli argumentó que el imputado proporcionó datos incorrectos con el objetivo de incumplir deliberadamente las restricciones judiciales y permanecer en Rincón de los Sauces.

Para la fiscalía, esa conducta —sumada a la declaración de rebeldía— implicó un agravamiento de los peligros procesales, particularmente el riesgo de no sometimiento al proceso penal.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el accionar del acusado demostraba una falta de voluntad para cumplir las órdenes judiciales, lo que justificaba la imposición de una medida cautelar más gravosa.

 

El fallo del tribunal

El tribunal revisor, integrado por la jueza Carolina García y el juez Lucas Yancarelli, hizo lugar al planteo fiscal por mayoría y consideró que la violación de las condiciones de libertad constituía un elemento objetivo suficiente para modificar la situación procesal del imputado.

De esta manera, revocaron la decisión adoptada anteriormente por el juez Lupica Cristo —quien había entendido que la irregularidad no tenía entidad suficiente para dictar prisión preventiva— y ordenaron el alojamiento del acusado bajo esa medida cautelar.

La prisión preventiva fue fijada por un plazo de cuatro meses, computados desde el 20 de febrero y con vencimiento previsto para el 20 de junio próximo.

La resolución no fue unánime: el juez Luis Giorgetti votó en disidencia y se pronunció por mantener el rechazo a la medida cautelar.

 

El caso

H.N.L. está acusado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad, en un hecho ocurrido en 2024 en el que fue asesinado Juan Domingo Godoy.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el imputado habría intervenido tanto en la planificación como en la ejecución del ataque y posteriormente en maniobras destinadas a ocultar pruebas, entre ellas el vehículo presuntamente utilizado en el crimen.

La investigación continúa en etapa preparatoria mientras la Justicia avanza en la producción de pruebas para determinar las responsabilidades penales en el hecho.

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