Un fallo que encendió el enojo: condenas más bajas y una calificación que generó repudio
El fallo por la causa por estafas con Planes Sociales en Neuquén desató malestar en toda la región. Pese a que la maniobra derivó en el desvío millonario de fondos destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad, el tribunal descartó la existencia de una asociación ilícita y calificó los hechos como una administración fraudulenta, lo que redujo de manera significativa los montos de las penas posibles.
La sentencia, que se conoció este jueves, dejó ocho condenas de prisión efectiva y cuatro penas en suspenso, pero muy por debajo de lo que la comunidad esperaba y de lo que había pedido la Fiscalía.
La Fiscalía de Estado ya confirmó que apelará, porque considera que las penas “no reflejan la gravedad del daño” ni la dimensión de la estructura que funcionó durante la gestión de Omar Gutiérrez.
“Siempre postulamos que había una asociación ilícita”
En diálogo con AM550, el fiscal Pablo Vignaroli explicó el alcance del fallo y la diferencia clave que terminó reduciendo el castigo.
“Siempre postulamos dos cuestiones: una es que había una asociación ilícita a través de la que cometieron hechos que concursaron entre sí”, sostuvo.
Y remarcó que la calificación impuesta por los jueces redujo drásticamente las penas posibles:
“Para este delito comprende una pena máxima de 6 años. Ni un juez ni un fiscal pueden pedir más de seis años porque estaríamos violando la ley”.
El cambio de calificación impactó de lleno en la severidad de la condena:
“Para fiscalía todo fue probado, solo que ellos no coincidieron con nosotros de que haya una asociación ilícita ni estafas reiteradas, sino que para ellos hubo una administración fraudulenta, que es un solo hecho que se prolonga en el tiempo”, explicó.
Una estructura que operó sobre los más vulnerables
Durante el juicio de cesura, la fiscalía expuso las consecuencias concretas del fraude:
“Tuvimos en cuenta que el dinero que se desviaba estaba destinado a personas con vulnerabilidad, personas que no tenían trabajo”, señaló Vignaroli.
Una funcionaria presentada como testigo detalló que los beneficiarios vivían en “marginalidad, en viviendas precarias, casi sin educación”, contexto que agrava la dimensión del daño y que fundamentó el pedido de penas más altas.
Sin embargo, el tribunal no encuadró la maniobra como organización criminal y por eso el castigo quedó limitado al máximo de seis años por administración fraudulenta.
La provincia irá por más: apelación y pedido de una nueva audiencia
Vignaroli confirmó que la fiscalía de Estado avanzará en la impugnación:
“Nosotros no compartimos la calificación legal que ellos le dieron a los hechos, desde ese lugar impugnaremos para pedir que se califiquen los hechos de acuerdo a nuestro criterio”.
El objetivo es claro:
“Que ordenen una nueva audiencia con otros jueces para que en esa cesura se evalúen nuevamente las penas que haya que imponer, siempre que el tribunal de impugnación nos dé la razón”, aseguró.
El fiscal anticipó que la definición llegará en 2026:
“Probablemente el año que viene ya esté todo definido. Nosotros entendemos que para esto no pueden transcurrir más de seis meses”.
El trasfondo político y social: un golpe a la confianza pública
La causa expuso uno de los fraudes más sensibles de la provincia: el desvío de fondos destinados a familias sin ingresos, a través del manejo ilegal de tarjetas de débito de beneficiarios.
La administración actual considera que el daño económico y moral exige una condena proporcional. La Fiscalía de Estado insiste en que existió una estructura organizada, con roles definidos y un método sostenido, por lo que la figura de asociación ilícita debe aplicarse para que las penas sean más altas.
Mientras avanza la apelación, el gobierno mantiene las acciones para recuperar los más de 1.200 millones de pesos actualizados que fueron desviados.
Un fallo que dejó bronca y un pedido social: que se revise todo
La reacción comunitaria fue inmediata: el malestar gira en torno a la baja de las penas y a la decisión de descartar la asociación ilícita pese a la magnitud del fraude.
Con las apelaciones ya en marcha, Neuquén vuelve a quedar en vilo a la espera de una nueva revisión judicial que determine si el fallo deberá rehacerse con otra calificación legal y, en consecuencia, con penas más severas.
