LEGISLATURA NEUQUEN
Quieren instituir el día de la lucha contra la violencia institucional
El PJ presentó un proyecto de adhesión a la ley nacional Nº 26.811 para instituir el 8 de mayo como el día provincial de la lucha contra la violencia institucional.
El bloque del PJ presentó un proyecto de adhesión a la ley nacional Nº 26.811 para instituir el 8 de mayo como el día provincial de la lucha contra la violencia institucional. La iniciativa contempla la creación de un registro detallado de los hechos de violencia institucional ocurridos en la provincia, con información actualizada de sus víctimas y la situación de las causas, y propone señalizar o realizar una intervención artística con una leyenda alusiva de repudio en cada uno de los sitios donde se hayan producido esos hechos.
Según se desprende del articulado del proyecto, el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispondrá la realización de jornadas alusivas con el objeto de "revalidar la concepción democrática de los derechos humanos, la sujeción de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”. A la vez, plantea que el ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, junto a la subsecretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, dispongan de actividades de concientización y debate.
Los fundamentos indican que los motivos que originaron el proyecto son las violaciones a los derechos humanos producidas por las fuerzas de seguridad. Explican que el 8 de mayo de 1987 tres jóvenes –Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz- fueron asesinados por la policía bonaerense en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer hecho que generó una gran conmoción social. También hacen referencia a los casos de violencia institucional registrados en la provincia, en los que mencionan los asesinatos de Carlos Fuentealba, Matías Casas y Braian Hernández.
El proyecto –Nº 9049- ingresó por mesa de entradas el pasado 5 de mayo con las firmas de los diputados Elena Jara Sandoval, Amalia Jara, Pablo Todero, Sergio Rodríguez, Alfredo Marcote, Rodolfo Canini, Manuel Fuertes, José Rioseco, Ricardo Rojas, Daniel Baum, Sergio Gallia, Beatriz Kreitman, Raúl Podestá, Gabriel Romero y Raúl Dobursín.
Según se desprende del articulado del proyecto, el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispondrá la realización de jornadas alusivas con el objeto de "revalidar la concepción democrática de los derechos humanos, la sujeción de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”. A la vez, plantea que el ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, junto a la subsecretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, dispongan de actividades de concientización y debate.
Los fundamentos indican que los motivos que originaron el proyecto son las violaciones a los derechos humanos producidas por las fuerzas de seguridad. Explican que el 8 de mayo de 1987 tres jóvenes –Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz- fueron asesinados por la policía bonaerense en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer hecho que generó una gran conmoción social. También hacen referencia a los casos de violencia institucional registrados en la provincia, en los que mencionan los asesinatos de Carlos Fuentealba, Matías Casas y Braian Hernández.
El proyecto –Nº 9049- ingresó por mesa de entradas el pasado 5 de mayo con las firmas de los diputados Elena Jara Sandoval, Amalia Jara, Pablo Todero, Sergio Rodríguez, Alfredo Marcote, Rodolfo Canini, Manuel Fuertes, José Rioseco, Ricardo Rojas, Daniel Baum, Sergio Gallia, Beatriz Kreitman, Raúl Podestá, Gabriel Romero y Raúl Dobursín.
