La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió esta mañana al Fiscal General José Gerez, quien se pronunció a favor de la modificación del artículo 114 del Código Procesal Penal sobre prisión preventiva.
La exposición de Gerez se hizo en el marco del tratamiento de los dos proyectos del poder Ejecutivo provincial, uno presentado por el ex gobernador Jorge Sapag en el año 2014 y otro por Omar Gutiérrez en abril de este año, para modificar la prisión preventiva.
Por el mismo tema, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) ya recibió al vocal del Tribunal Superior de justicia, Alfredo Elosú Larumbe, y al Defensor General, Ricardo Cancela.
Al hablar, Gerez aseguró que los proyectos de reforma que están en discusión respetan el bloque constitucional y garantizan lo establecido en los tratados y en la Corte Interoamericana de Derechos Humanos. Hizo eje en la necesidad de fijar pautas orientativas claras a tener cuenta al momento de interpretar el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En ese sentido, señaló que los fiscales no pueden depender del criterio personal de un juez para ver si solicitan o no la prisión preventiva y consideró que el Código Procesal Penal de la provincia "deja demasiado a discrecionalidad del juez”.
El titular del Ministerio Público Fiscal informó que la prisión preventiva se aplica en el 0,36% de los casos de la provincia y detalló que en el año 2014 se solicitaron 151 prisiones preventivas de un total de 42.211 casos; en 2015, se pidieron 180 sobre 43.018 casos y en lo que va del año, se requirieron 88 sobre un total 27.186. Los pedidos, explicó, corresponden a delitos de de robo calificado con arma, abusos sexuales y homicidios. "Los fiscales no pedimos prisión preventiva por cualquier cosa”, manifestó.
También subrayó que esa medida cautelar fue concedida en el 70% de los casos y acotó que, de acuerdo a estadísticas de la Policía, hay 35 órdenes de captura por mes.
Destacó que para el Ministerio Público Fiscal la víctima es lo más importante del proceso y explicó que "si tiene miedo, se pierde el caso”. Añadió que desde que se hace la formulación de cargos a un imputado hasta que se realiza el doble conforme (control de la sentencia), hay un plazo de duración de 300 días promedio. "Neuquén está bien en lo que es parámetros de rapidez por el sistema de audiencias”, indicó.
Por otro lado, calificó de "exiguo” el plazo de 24 horas que contempla el Código Procesal Penal para acreditar el peligro de fuga o el entorpecimiento y propuso ampliarlo 24 horas más.
En otro tramo, Gerez se pronunció a favor de modificar el artículo del Código Procesal Penal referido al juicio directo al argumentar que desde su entrada en vigencia no se realizó ninguno.
"Tenemos una herramienta procesal destinada a casos de flagrancia que no se utiliza”, aseguró tras informar que el 20% de las causas que ingresan al sistema son casos de ese tipo.
En otro orden, el cuerpo emitió despacho unánime al proyecto que instituye el 5 de junio como Día Provincial del Ambiente y de igual modo se pronunció respecto de la iniciativa que establece el 18 de enero como día provincial de la Defensa de la Libertad de Prensa, en conmemoración del asesinato de Abel Chaneton.
Por otro lado, se aprobó dictamen unánime al proyecto que declara de interés legislativo la realización de la campaña de capacitación de juicios por jurado, promovida por el poder Ejecutivo, el poder judicial y el Ministerio Público Fiscal.
