PLOTTIER
Insólita desgracia: tiene el mismo DNI que un deudor moroso
La prestamista Credipaz mandó al listado de morosos a un neuquino que no había pedido el dinero. Al parecer, es un caso de documentos mellizos.
En un caso con ribetes decididamente insólitos, la Justicia neuquina condenó a Credipaz. Y lo insólito no radica precisamente en la condena, sino en el hecho de que había (o acaso hay) dos personas con el mismo número de documento.
El expediente se inició en 2015 con la denuncia de Matías Noel G., un vecino con domicilio en Plottier que de repente apareció en un listado de morosos. Cuando preguntó, supo que estaba ahí por un préstamo que jamás había solicitado.
Entonces denunció a esa compañía consagrada a los préstamos personales, y con el tiempo supo que el que había tramitado el crédito y se había atrasado en las cuotas, era un tal David Gabriel S, cuyo DNI también era (o es) el 35.569.084.
¿Por qué tienen el mismo número? Es algo que todavía no fue debidamente explicado, aunque podría tratase de un documento mellizo, como ya ha ocurrido en otros casos.
El hecho es que un juzgado de primera instancia le rechazó la demanda. Matías apeló y, ahora, la Sala Primera de la Cámara Civil de Neuquén -que integran los jueces Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli- revocó la sentencia y le ordenó a la empresa que le pague 20 mil pesos e intereses.
En su apelación, Matías expuso que el error de Credipaz -al que consideró como obrar ilícito- le generó considerables daños, al impedirle celebrar contratos y al afectar sus sentimientos.
Sostuvo que si bien la empresa no pudo prever la posibilidad de que existan dos personas con el mismo DNI, “debió haber extremado los recaudos y constatar que el nombre, apellido, DNI y CUIT de la persona que deseaba incluir en la base de deudores morosos era David S.” y no él.
El hecho es que Matías terminó en el registro de deudores morosos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), del que recién pudo salir una vez que se constató el error.
En ese sentido, los camaristas destacaron que “transcurrió más de un año” hasta que la demandada reiterara la solicitud de supresión de los datos al BCRA, lo que recién ocurrió en diciembre de 2016.
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