El juez Marcelo Gómez ordenó el desalojo forzoso de los 30 imputados que resisten en la toma 21 de Septiembre, sobre terrenos del municipio de Cipolletti que están en Parque Industrial.
“Tienen 15 días hábiles para retirarse voluntariamente del lugar. Caso contrario, la Fiscalía estará habilitada con la premura que me consta a realizar un desalojo, con el uso de la fuerza pública si es necesario", sostuvo el juez
Esta decisión avaló los planteos que hizo la parte acusadora en la audiencia de revisión que se realizó este lunes en presencia de todos los imputados, su abogado defensor Martín Palumbo, el fiscal jefe Gustavo Herrera y representantes de la municipalidad, que interviene en la causa como querellante.
Gómez dijo que corresponde el desalojo porque no fue "acertada" la decisión de Martín, la jueza que no hizo lugar a la medida cautelar solicitada oportunamente por la fiscalía. La consideró "arbitraria y contradictoria".
"Si, por un lado, tuvo por formulados los cargos, la lógica hubiese sido que avance con el desalojo, con todas las previsiones del caso; la jueza debió resolver en ese sentido, en lugar de entrar en dudas", advirtió Gómez.
Entendió que el Municipio intentó hablar con los ocupantes y buscar una salida alternativa y pacífica al conflicto. Un grupo aceptó la propuesta y se retiró, mientras que otro grupo no avaló y permaneció firme en el lugar.
“No hace falta llegar a un juicio de responsabilidad y a una condena para avanzar con la medida cautelar que pretende la parte acusadora, que es el desalojo. Es más, sostuvo que "esperar que se haga un juicio, con lo que implica que estos hechos queden firmes, obviamente genera un perjuicio".
Para Gómez, los efectos de posponer la discusión, como quería la jueza, y no utilizar la medida del artículo 118 del Código Procesal Penal, respecto al desalojo forzoso, son perjudiciales. En principio, porque gravan la economía y no permiten el desarrollo de proyectos.
"El derecho de uno culmina donde empieza el derecho del otro. No podemos hacer la vista gorda a situaciones que están por fuera de la ley", enfatizó.
Ordenó el desalojo forzoso, pero aclaró que primero intima a los imputados a que un plazo de 15 días hábiles pueda abandonar el predio de forma voluntaria. El plazo comienza a correr a partir de hoy
Dispuso que las partes intenten arribar a un acuerdo para encontrar la mejor salida al conflicto de la toma, más allá de reconocer que el municipio realizó varias gestiones para desarticular la ocupación.
También fue el espíritu del fiscal Herrera, quien en su descargo aclaró: "Nosotros no queremos ir con palos a sacarlos. Pero tampoco podemos aceptar que la jueza mire para el costado y genere caos, porque eso fue lo que hizo. Caprichosamente, le negó al municipio el acceso a la justicia y a los trabajadores de los alrededores; y lo único que pretendemos es que se aplique la ley en beneficio de la seguridad jurídica de todos".