Está en un hogar de menores
Denuncia que le sacaron su hija y le piden dinero
La madre de la menor es una de las denunciantes del accionar judicial en Bariloche, le pidieron 100 mil pesos para restituirla.
Laura Magalí Caruso es una de las madres de Bariloche que denuncia a la justicia por quitarle a su hija y afirma, que personal de salud, efectivos de la Comisaría Segunda y la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), están relacionados con el Juzgado de Familia, al sacarles a uno de sus padres los menores para luego pedir una suma de dinero y recuperarlos.
Según lo relatado por la mujer, todo empieza como consecuencia de la cuarentena, su pequeña de 4 años estaba padeciendo la falta de clases, extrañaba el jardín y tenía ataques de llanto, por lo que acudió al hospital en busca de atención psicológica, que no le querían brindar pero ante la exigencia de la mujer y aprovechando la situación la separan de la menor. “Me mintieron” para llevarla a la SENAF afirmó Magalí en La Primera Mañana por AM 550.
Una vez en allí para reclamar por su hija, Magalí dijo que la entrevistaron y la “hostigaron psicológicamente a más no poder”, con varias preguntas relacionadas al padre de la menor, “como si yo fuera la mala de la película”.
La mujer quien es de Capital Federal llegó a Bariloche para rearmar su vida, está en pareja y embarazada de dos meses. Llegó a Río Negro, luego de sufrir violencia de género de su ex pareja y padre de su hija. Actualmente el hombre está cumpliendo una condena domiciliaria por este y otros hechos de violencia de género.
Al parecer habría un pedido del padre de la niña para verla, dijo Magalí, y sostuvo que en el hogar Gutiérrez donde llevaron a la pequeña, estaría manteniendo encuentros virtuales con él, mientras que a ella se le prohibieron el contacto. Desde hace tres semanas no puede verla, la sacaron de allí a la fuerza con intervención policial de la Comisaría Segunda, a quien relaciona con la causa, debido a que siempre interviene la misma comisaría, además denunció abuso de poder, por llevarla detenida y golpearla estando embarazada.
Al no poder tomar contacto con su hija, investigó si había más casos como el de ella, varios padres se contactaron por lo mismo con algo en común: el pedido de 100 mil pesos para poder recuperar a los menores.
Magalí denuncia un entramado entre la SENAF, con personal policial y un sector de salud, y afirma que en las declaraciones que hizo ante los peritos de la SENAF, le cambiaron sus palabras desvirtuando sus dichos, “a ellos no les importa quién es el sano de la familia”. Ella tiene a su abogado trabajando en el caso y sigue en contacto con el resto de los padres para lograr recuperar a sus hijos.
