Hacia fines de septiembre último, el juicio por el femicidio de Agostina Gisfman -que se realizaba aquí, en la ciudad judicial de Neuquén- fue anulado por una amenaza a los integrantes del Jurado Popular. La misma estaba escrita en una pared del baño de hombres y no solo les advertía que conocían sus domicilios, sino que los conminaba a votar “bien”.
Hubo consternación e indignación y luego el juicio se reanudó. Ahora, hay un proyecto legislativo destinado a proteger a otros actores potencialmente vulnerables de la escena judicial: los testigos, que al igual que los jurados son -como suele decirse- ciudadanos de a pie.
El autor de dicha iniciativa es el diputado provincial por la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola quien propuso crear un programa que preserve y garantice la seguridad no solo de los testigos, sino también de las víctimas que declaran ante la Justicia.
“Las medidas de protección serán dispuestas por el juez o jueza de Garantías cuando, por las características de la investigación, se presuma la existencia de peligro para la vida o integridad física de las personas”, dijo el diputado y agregó que, de aprobarse, “se podrán disponer todas las medidas que estime necesarias para preservar la identidad de los testigos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo”.
También propuso que los testigos protegidos “deben ser custodiados y resguardados en su integridad psicofísica cuando concurran a estrados a prestar declaración testimonial”. Y concluyó que “las características del contexto delictivo actual, exigen mecanismos claros de protección para asegurar un proceso penal que permita la imputación de los delitos y la reparación a las víctimas”.