El radar trucho de Chimpay fue removido

Después de varios años de litigio judicial y de casi una década de cobrar de manera ilegal multas sobre la ruta 22, el municipio de Chimpay decidió retirar el radar que medía la velocidad de los vehículos que pasaban por el ingreso a la localidad. La medida fue tomada después del fallo que fijaba una multa de casi un millón de pesos diarios en caso de mantenerlo.

Con la intención de evitar accidentes, el municipio decidió la colocación de un radar, que a su vez le significó importantes ingresos. Por más que desde hace unos siete años intentó de manera permanente conseguir la autorización para colocar un dispositivo de medición de la velocidad de la gran cantidad de vehículos que pasan por la ruta nacional, desde la Agencia de Seguridad Vial sólo se consiguió habilitaciones temporales.

Sin embargo y pese a la falta del permiso para poder realizar multas, desde Chimpay continuaron labrando infracciones a quienes no respetaban la velocidad máxima permitida en la zona urbana, que de acuerdo con las señalizaciones es de 60 kilómetros por hora. La situación se agravó aún más a partir de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia, que le permite a Río Negro controlar la velocidad en las rutas nacionales.

A partir de ese momento comenzó un litigio entre la provincia y el municipio de Chimpay por el funcionamiento del radar entre los kilómetros 1045 y 1050 de la ruta Nacional 22. La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia intimó al municipio a respetar el fallo que declaro ilegal el radar, del 21 de diciembre del año pasado. El máximo órgano judicial provincial declaró “inconstitucionales los artículos 2° y 3° de la Ordenanza municipal 22/2021 por carecer de competencia para legislar en la materia”. Entonces, ordenó “el cese de su operatividad y la obligación de abstenerse de realizar conductas ancladas en dicha norma”.

También fijó un plazo de cinco días hábiles para acatar la orden y remover el radar. En caso de no cumplir, el municipio debía pagar astreintes por 100 JUS diarios ($10.860 cada uno), lo que equivale a 1.086.000 pesos diarios.
Si bien el municipio evalúa apelar la sentencia, decidió acatar la orden, sin embargo remarcó que mientras estuvo en funcionamiento el radar lograron descender la cantidad de choques que se producían frente a la localidad. Y que “solo afectaba a quienes no cumplen las normas y circulaban sobre los límites de circulación permitidos al momento de pasar por una zona urbana”.

Es importante recordar que también se encuentran sin habilitación los radares de Coronel Belisle, Darwin y Sierra Grande, que aún siguen funcionando y los municipios continúan cobrando multas.