La comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura de Neuquén, recibió el informe del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), para entender el impacto previsional que podría generar la derogación del régimen especial a través del cual se jubilan en la actualidad magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Unión por la Patria, Lorena Parrilli, y prevé la derogación de la ley 859 y la reincorporación de jueces, fiscales y defensores al sistema de reparto dispuesto por la ley 611, régimen que engloba a los agentes de la administración estatal.
El informe detalla la equiparación de montos que se registra para un juez con 15 años de aporte al ISSN al momento de jubilarse, con una diferencia cercana a los $200.000 a favor del actual sistema que los contempla. No obstante, la nota observa que para el caso de las mujeres la edad de jubilación se reduce en cinco años y recuerda que el aporte a la caja por parte del beneficiario se reduce del 23% al 20%.
Con respecto a la movilidad, también observa que la ley 611 prevé un 80% móvil pero que para los magistrados puede extenderse al 85% en caso de decidir continuar durante cinco años más activos en el cargo, porcentual que supera el 82% móvil que otorga la ley 859. De igual modo, señala que el régimen especial no incluye un cómputo doble sobre los años de aporte en caso de alcanzar la edad jubilatoria, beneficio que sí aplica para el régimen general.
En tanto, al desglosar el impacto que podría tener generar la unificación de cajas y la falta de financiamiento al régimen especial, el informe advierte que mientras los valores por aportes no registrarán cambios a lo largo de los años, los egresos en concepto de pagos de jubilaciones y gastos subirán de manera exponencial, sobre todo si se incorporan como variables la movilidad y la mayor expectativa de vida: indicadores que expondrán un déficit del orden del 17% en diez años y del 57% si el plazo se extiende hasta 2051.
“En términos de flujos de fondos se aprecia que los ingresos por aportes son inferiores a los egresos por pagos de beneficios en todos los años, partiendo de valores negativos del orden de los $7.000 millones y con carácter creciente a medida que la población va accediendo a los beneficios previsionales”, sostiene el informe.
En otro orden, en el mismo se indica que en materia de haberes una jubilación promedio de un juez o funcionario judicial puede llegar a duplicar a una otorgada a través de la ley 611. Sobre este punto, un cuadro comparativo señala que a agosto de 2024 el pago de una jubilación a través régimen general alcanza en promedio los 4,6 millones de pesos y una otorgada por la ley 859 llega a 8,4 millones.