La gestión de Alberto Weretilneck puso en marcha el régimen de desvinculación voluntaria del Estado dirigido a todos los empleados estatales. El trámite se inicia en el área de recursos humanos de cada organismo a través de un formulario que se debe completar para la adhesión. Luego se elabora un informe de todas las condiciones laborales que tiene el empleado en la actualidad y en toda su vida laboral.
La titular del Consejo de la Función Pública, Tania Lastra explicó este jueves cómo se desarrolla el mecanismo. "Esta desvinculación alcanza a todos los empleados públicos que revisten carácter de planta permanente de la ley 1904 y de la ley 1844. No están contemplados policías, penitenciarios ni docentes”.
Lastra señaló que "tenemos alrededor de 30 días para poder llevar adelante todo este proceso, porque la idea es hacerlo de manera ágil y sencilla. Nosotros tenemos que dar la conformidad para que el trámite avance o no”. Una vez que el empleado se encuentra completamente de acuerdo con el procedimiento, tiene cinco días para pedir revisión. Pasados los cinco días, el agente debe decidir definitivamente si acepta, o no, la desvinculación.
Asimismo, los empleados estatales que tengan un sumario interno también pueden acceder al régimen siempre y cuando "el sumario no fuera a determinar una cesantía o una exoneración, es decir, cuando ese sumario pudiera provocar, por ejemplo, días de apercibimiento o sanciones menores que no fueran cesantía o exoneración, sí pueden acceder al trámite de desvinculación", explicó Lastra.
Finalmente, aclaró que los agentes adheridos van a continuar gozando de la obra social IPROSS durante el año subsiguiente a la desvinculación.