En un nuevo episodio de la guerra sucia electoral, La Libertad Avanza denunció penalmente a la legisladora del PRO Gabriela Picotti por ejercer como oftalmóloga mientras ocupa una banca en la Legislatura de Río Negro. La acusación incluye el cobro de prestaciones cobradas al IPROSS, lo que podría configurar un conflicto de intereses y violar la Constitución provincial. A menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, la campaña se pone cada día más fangosa.
El abogado barilochense Marcelo Ponzone, flamante referente libertario, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. En el escrito, acusa a Picotti de incumplir el artículo 127 de la Constitución rionegrina, que prohíbe a los legisladores ejercer cualquier profesión —salvo docencia e investigación— mientras dure su mandato.
La prueba: una factura emitida por el Centro Quirúrgico del Sur, con sede en Roca, donde aparece el nombre de la legisladora como oftalmóloga.
Pero eso no fue todo. Ponzone, que además es delegado de la CNRT en Bariloche, apuntó también al vínculo de Picotti con el IPROSS, la obra social provincial. Según el denunciante, la legisladora sería prestadora del organismo, al mismo tiempo que integra la comisión legislativa encargada de supervisarlo. El escrito habla de “beneficios indebidos” y “defraudación a la confianza ciudadana”.
Desde el PRO, la respuesta fue cautelosa. Picotti aseguró que no fue notificada de la denuncia, pero que se presentará ante la Justicia. Negó haber atendido pacientes desde que asumió su banca en 2023. El partido, por su parte, evitó profundizar, aunque dejó claro que no pondrá obstáculos a la investigación.
Este cruce se suma a una larga lista de enfrentamientos entre el PRO y La Libertad Avanza, que rompieron su alianza apenas una semana después de firmarla. Juan Martín, candidato a senador por el PRO, acusó a Lorena Villaverde —referente libertaria— de estar vinculada a estafas y al narcotráfico.
Villaverde respondió con una denuncia por calumnias e injurias y calificó a Martín de “delincuente, parásito y vago”. Y solocitó un bozal legal para que el legislador no hable de ella. La campaña, lejos de los discursos, se convirtió en un ring.
El caso Picotti recuerda el antecedente de Luis Mario Bartorelli, legislador condenado en 2017 por ejercer la medicina mientras ocupaba su banca. La pena fue leve: una multa y seis meses de inhabilitación.