La pelea entre Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, y Juan Martin, legislador roquense del PRO, escaló un nuevo nivel. La empresaria cipoleña presentó una querella por calumnias e injurias y pidió una medida cautelar para que la Justicia le imponga al líder amarillo un “bozal legal”, para que deje de hablar de ella durante la campaña.
La denuncia fue radicada ante la Cámara Nacional de Casación Penal e invoca los artículos 109 y 110 del Código Penal. Según Villaverde, Martin realizó “afirmaciones mentirosas” en medios y redes sociales, atribuyéndole delitos y vínculos que -según su defensa- no existen. “No tengo causas ni antecedentes. Estoy sufriendo un daño irreparable”, sostuvo en su presentación judicial.
Pero la respuesta no tardó ni un día. Juan Martin salió con los tapones de punta: “No me voy a callar. No voy a permitir que usen la Justicia para censurarme”, lanzó el legislador del PRO, que acusa a la diputada libertaria de intentar “encubrir los actos de los que se la señala”.
Martin todavía no fue notificado formalmente de la demanda, pero asegura que Villaverde busca “amordazar” a quienes la cuestionan. “Es funcionaria pública, tiene que dar explicaciones claras. Esto no es una dictadura”, remarcó.
La pulseada judicial llega en un clima de campaña cada vez más turbio, donde las denuncias cruzadas por presuntos vínculos con el narcotráfico se multiplican entre los espacios políticos mayoritarios. En el centro de la escena aparece una y otra vez el nombre de Fred Machado -el empresario acusado de liderar una red de lavado de dinero- que le costó la candidatura en Buenos Aires a José Luis Espert y su primo Claudio Ciccarelli, que vuelve a ser mencionado en los pasillos judiciales y políticos del Alto Valle, a quien lo vinculan como pareja de la empresaria que ahora quiere ser senadora.
Martín y Vilalverde estuvieron muy cerca de integrar una alianza libertaria para competir el 26 de octubre, pero el mismo día que se oficializaban las listas, el roquense dio el portazo, se excusó en que la elección de Karina Milei y Lele Menem no fue la correcta por las sospechas que recaen sobre la empresaria. Y hasta publicó una polémica foto generada con inteligencia artificial de un meme en el que Martín se muestra de acuerdo con la “motosierra” de Javier Milei, pero en contra de una imagen que alude a cocaína.
Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck trató de poner paños fríos pero terminó echando más leña al fuego. Admitió haber mantenido “un encuentro informal” con uno de los protagonistas de esa trama, intentó dar explicaciones, y cerró la rueda de prensa mostrando una foto de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, junto a Pablo Montecino, uno de los herederos del clan que manejó la cocaína en el Alto Valle hace una década.
El episodio muestra que nadie se salva del barro. Las elecciones legislativas de 2025, lejos de girar en torno a propuestas o programas, parecen moverse entre acusaciones, carpetazos y estrategias judiciales. Y el “bozal legal” que Villaverde pidió podría ser apenas el primer capítulo de una guerra sucia que recién empieza.
