Llegar tarde, faltar sin aviso y manejar a fonde en una camioneta de la empresa fue demasiado. Un trabajador petrolero de Río Negro recibió una seguidilla de sanciones disciplinarias, y su jefe decidió cortar por lo sano: despido directo. Y la Justicia, lejos de darle una segunda oportunidad, le dio la espalda y avaló la decisión empresarial.
El petrolero, que había arrancado su relación laboral en 2013, sumó a su historial una serie de inasistencias injustificadas y varias llegadas tarde durante 2020. Pero eso no fue todo: en marzo y abril de ese año, los registros internos lo mostraron acelerando más de lo permitido con un vehículo de la empresa, rlo que rompió con la política de manejo seguro.
Cuando recibió la notificación de despido, intentó revertir la situación por la vía judicial. Negó las faltas, sostuvo que nunca violó protocolos y hasta insinuó que alguien más podría haber usado su tacógrafo. Sin embargo, las pruebas no lo acompañaron: pericias caligráficas confirmaron que había firmado todas las notificaciones y los sistemas internos registraron al menos doce episodios de exceso de velocidad. Además, el personal de seguridad del predio corroboró que el trabajador no se presentó a trabajar los días señalados.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la Cámara del Trabajo de Cipolletti no dudó. Consideró acreditadas las faltas, las inasistencias y las infracciones a las normas de conducción. Y resolvió que la acumulación de estas conductas constituía una “injuria laboral” suficiente como para justificar el despido, amparándose en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El resultado es claro: el intento del trabajador por recuperar su puesto fracasó. La justicia respaldó a la empresa y dejó firme que la combinación de llegadas tarde, ausencias y exceso de velocidad no era negociable. En otras palabras, en este caso, la paciencia de la empresa y la ley se acabaron al mismo tiempo que el contrato laboral.
