La senadora electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, sigue en el ojo del huracán. Su vínculo con empresarios investigados por lavado de dinero y la causa en su contra por narcotráfico que le impide el ingreso a Estados Unidos son los fundamentos de dos impugnaciones que lograron un dictamen de mayoría para evitar su asunción con 12 de las 19 firmas. En la sesión del viernes 28 se tratará el tema en el recinto y en caso de lograr mayoría simple la empresaria se quedará afuera de la Cámara Alta.
En el extenso debate, que se extendió por más de tres horas, y donde los miembros titulares dejaron en claro la opinión sobre las cuestionadas inhabilidades morales de Villaverde, sorprendió la postura de la senadora rionegrina por Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva. En un guiño hacia el gobierno nacional justificó su posición con el respeto a la voluntad popular de los rionegrinos, quienes "la eligieron, sabiendo de todos estos cuestionamientos".
En contra de la asunción de la libertaria Villaverde hubo 12 de las 19 firmas de la Comisión. El peronismo sumó 8 votos y se agregaron Guadalupe Tagliaferri del PRO, Pablo Blanco de la UCR, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Alejandra Vigo de Unidad Federal, quien presidió la comisión.
En tanto que el oficialismo, que hizo valer su opinión a favor en el tono vervorragico del cordobés Luis Juez, entre otros, anunció que presentará un dictamen de minoría aprobando el diploma de Villaverde y otro rechazando el diploma de Jorge Capitanich y Martín Soria. La defensa más polémica estuvo a cargo del libertario riojano Juan Carlos Pagotto quien aseguró que nadie en la cámara "orina agua bendita" y que “todos los políticos viajan en aviones privados” y que “aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra”. En referencia a los vuelos financiados por narcos.
Entre los argumentos a favor de la impugnación, se cuantificaron 19 viajes en avión de Claudio Ciccarelli (primo y testaferro de Fred Machado) con pasajes de la Cámara de Diputados, en un claro vínculo con la actual diputada y senadora electa Villaverde.
La jugada no fue aislada. Minutos antes del inicio de la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Patricia Bullrich apareció con dos impugnaciones bajo el brazo. No eran cualquier cosa: apuntaban directo contra Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco, y Martín Soria, actual diputado y exministro de Justicia, quien derrotó a Villaverde en las urnas rionegrinas.
Las impugnaciones, una moneda de cambio
La impugnación contra Capitanich se basó en una supuesta incompatibilidad: el chaqueño habría asumido funciones como embajador ante el Mercosur sin haber renunciado formalmente a su candidatura. El argumento, aunque técnico, fue leído como una excusa para frenar su ingreso al Senado.
En el caso de Soria, la maniobra fue aún más cruda. Se le reclama una vieja causa iniciada por abogado roquense en el que denunció la retención de parte del sueldo de los funcionarios municipales cuando él era intendente de Roca. Aunque lo que se percibe es una revancha política: Soria le ganó la banca a Villaverde, y ahora el oficialismo busca deslegitimarlo para abrirle paso a su candidata.
Un Senado en modo guerra
La sesión terminó siendo un espectáculo de impugnaciones cruzadas, blindajes partidarios y silencios incómodos. Mientras se cuestionaba la legitimidad de Villaverde, el Gobierno nacional respondía con una ofensiva que puso en jaque a dos figuras opositoras. El mensaje fue claro: si tocan a una de las nuestras, vamos por dos de las suyas.
En este contexto, el futuro de Villaverde está atado a una lógica de presión y supervivencia política. Su pliego sigue en pie, pero cada paso que da está rodeado de sospechas, rechazos y negociaciones subterráneas.
Luego de escchar todas las mociones, se firmaron cuatro dictámenes, dos de ellos por mayoría. En el primero, se hace lugar a aprobar los pliegos de los 21 senadores electos que no fueron impugnados. Y el otro hacer lugar a las impugnaciones sobre Lorena Villaverde. En tanto que también salieron dos con el voto de la minoría a favor y en contra de las presuntas inhabilidades de Soria y Capitanich.
Los dictámenes no son vinculantes, por lo que se deberá someter a votación en el recinto durante la sesión del viernes 28. Como no se trata de una expulsión, sino de una impugnación, la moción que logre más votos (mayoría simple) será la que se impondrá. Pero la particularidad que tiene este acto es que sólo pueden votar los senadores que se quedan con mandato vigente, no lo podrán hacer los que se van, ni tampoco los que ingresan.
