Este jueves la Legislatura de Río Negro sancionó en segunda vuelta la ley que elimina la tasa judicial del dos por mil (0,2 %) aplicada en procesos contenciosos o voluntarios, cuyo destino era el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR).
La iniciativa fue presentada por la legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, y obtuvo el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical, Primero Río Negro y Pro Unión Republicana. En tanto, los bloques Vamos Con Todos y Partido Justicialista – Nuevo Encuentro votaron en contra.
La ley deroga el artículo que establecía el aporte obligatorio del 0,2 % sobre el monto involucrado en cada expediente judicial y que estaba destinado al financiamiento del sindicato judicial. Según el proyecto, el objetivo es modificar el esquema de financiamiento y evitar costos adicionales para quienes inician acciones judiciales, especialmente en contextos de alta litigiosidad y vulnerabilidad económica.
La votación reflejó una división clara entre oficialismo y oposición. Mientras los bloques aliados al gobierno provincial respaldaron la derogación, desde la oposición se plantearon críticas al impacto institucional y sindical de la medida.
SITRAJUR había manifestado su rechazo y convocó a una asamblea informativa en Viedma. Desde el gremio señalaron que se trata de una maniobra repetida y que el avance busca disciplinar y debilitar a los trabajadores judiciales, quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Poder Judicial. Remarcó que desde el primer día intentó abrir canales de diálogo, pero que el oficialismo eligió el silencio. “No hay diálogo donde no hay voluntad”, expresaron.
Asimismo, el gremio destacó la actitud de los bloques de ARI y PRO, que recibieron a sus representantes, escucharon y debatieron con respeto, aun desde la diferencia. “Ese es el camino democrático”, remarcaron, en contraste con la negativa del oficialismo a dialogar con los trabajadores judiciales.
Ante lo que califican como un atropello institucional, SITRAJUR anunció que judicializará el reclamo y presentará una medida cautelar para frenar el avance del proyecto. El sindicato reafirmó que nunca fue funcional al poder político de turno y que defenderá sus derechos en todos los ámbitos.
