La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura de Neuquén emitió despacho por unanimidad al proyecto de creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, orientado a ordenar y fortalecer las políticas de prevención, mitigación y combate de incendios en la Provincia. La propuesta ya contaba con dictamen unánime de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) y continuará su tratamiento en la de Hacienda y Presupuesto (B).
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, establece un sistema integral compuesto por planes provinciales, municipales y prediales, que organiza la actuación de los distintos organismos vinculados al manejo del fuego, define mecanismos de coordinación y fija procedimientos para situaciones de riesgo o emergencia. Propone como autoridad de aplicación a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, y contempla disposiciones específicas para intervenciones excepcionales en contextos de urgencia.
En esa línea, establece que, en esos casos, los propietarios deben facilitar el acceso y la actuación de brigadistas y personal autorizado, para que realicen las tareas necesarias de control del fuego dentro del predio. A la vez, habilita el uso transitorio de maquinarias, herramientas, equipos o inmuebles particulares, solo cuando resulte estrictamente imprescindible. El Estado provincial asumirá los gastos por pérdidas o daños derivados de ese uso.
Por otro lado, crea el Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental que se dividirá en dos cuentas: una destinada a prevención y combate -administrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos-, y otra para la restauración ambiental –a cargo de la Secretaría de Ambiente-. Además, se fijan obligaciones para propietarios de predios rurales en materia de medidas de silvicultura preventiva: picadas, cortafuegos y limpieza de alambrados.
A la vez, contempla un régimen de infracciones con multas graduadas de acuerdo a la superficie afectada y la conducta del infractor, que pueden alcanzar los 1000 IUS, junto con apercibimientos y suspensión de permisos.
Durante el debate, se analizó la relación con la Ley 3305 –que regula las quemas controladas-, la definición de la autoridad de aplicación y la incorporación de una cláusula transitoria que permita ordenar la integración del esquema actual hacia el sistema integral proyectado. En ese sentido, el diputado Claudio Domínguez (MPN) indicó que esa disposición facilitaría el proceso de adecuación normativa y la articulación con los organismos intervinientes.
La idea es que el proyecto sea tratado en la sesión pactada para el 10 de diciembre, donde también está previsto que se debata el Presupuesto 2026 para los tres poderes del Estado.
