El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue acusado formalmente por la Justicia Federal por apología del crimen, intimidación pública, y asociación ilícita agravada; y permanecerá con prisión preventiva por al menos 90 días. La decisión judicial desató una nueva escalada en la ya tensa relación entre el reconocido activista y el gobierno nacional, especialmente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no dudó en celebrar el operativo antes incluso de que la detención fuera legalmente convalidada.
La audiencia de formalización de cargos se realizó de manera virtual. Allí, los fiscales federales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo imputaron a Jones Huala por apología del crimen, intimidación pública, y una causa más grave: asociación ilícita agravada. La investigación penal fue habilitada por 180 días, mientras que el activista será trasladado a la Unidad Federal de Rawson, una de las cárceles más seguras de la Patagonia.
La detención se produjo el domingo a la noche en El Bolsón, cuando el dirigente descendía de un colectivo proveniente de Bariloche. Según la defensa, no existía en ese momento una orden judicial para privarlo de la libertad. Sin embargo, minutos después del arresto, la ministra Bullrich publicó en sus redes sociales el anuncio de la “nueva detención” de Jones Huala, en un gesto que exhibe la carga política que atraviesa el caso.
El detonante fue un video que circuló en febrero, durante la presentación del libro que el propio Jones Huala escribió en la cárcel chilena, "Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria". En ese registro, el dirigente mapuche validó métodos violentos como herramientas de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”. Para la fiscalía, sus expresiones no solo configuran apología del delito, sino que además podrían encuadrarse en delitos graves como asociación criminal, contemplada en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal, con penas de hasta 20 años de prisión.
Tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como el gobierno de Chubut impulsaron denuncias penales por aquellas declaraciones, acusándolo de incitación a la violencia colectiva y por poner en riesgo el orden constitucional. La defensa de Jones Huala, encabezada por Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas, denunció "irregularidades severas" en el procedimiento. Asegura que el arresto se concretó sin orden judicial y que los detalles del operativo se conocieron públicamente por los medios antes de que él pudiera ser notificado como abogado defensor.
"Planteamos la nulidad porque la detención fue ilegal, pero el juez Andreani la convalidó", dijo Franquet. También remarcó que hubo una "clara maniobra política" detrás del operativo.
Desde el entorno de Jones Huala también hubo críticas duras. Isabel Huala, su madre, afirmó que lo detuvieron "por bocón". "Fue por decir lo que piensa, por un poema, por un libro. No fue un atentado, fue una opinión", sostuvo. El líder mapuche ya estuvo detenido durante años en la cárcel federal de Esquel, hasta que fue extraditado a Chile, donde fue condenado por un ataque incendiario a una propiedad privada. Su regreso a un penal federal argentino reaviva viejas heridas y expone nuevamente la conflictiva relación entre el Estado y los sectores radicalizados del movimiento mapuche.
Con esta nueva causa, el gobierno nacional apuesta a mostrar firmeza frente a lo que considera una amenaza interna. Para la defensa, en cambio, se trata de un intento de criminalizar la protesta y perseguir voces disidentes. La Justicia tendrá ahora la tarea de avanzar en una investigación compleja, atravesada por discursos, tensiones ideológicas y una fuerte carga política.