La violencia que alarma a todos
Un nuevo hecho de violencia policial volvió a encender la polémica. En Río Gallegos, cuatro efectivos de la Policía de Santa Cruz están siendo investigados fueron sancionados tras agredir brutalmente a un joven que habría evadido un control vehicular. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo el chico recibió golpes en las costillas y la espalda mientras intentaba ingresar a su vivienda, lo que generó indignación en la comunidad.
La secuencia es clara: el joven estaba con chaleco naranja y, al ver a los agentes, decidió entregarse. Aun así, los policías se acercaron y comenzaron a golpearlo sin medir consecuencias. La gravedad del episodio llevó a la Jefatura de Policía provincial a iniciar actuaciones administrativas y aplicar sanciones disciplinarias.
La desconfianza que crece
Este tipo de episodios alimenta la desconfianza que muchos vecinos ya sienten hacia las fuerzas de seguridad. En Neuquén, por ejemplo, proyectos ingresados a la Legislatura buscan prohibir el uso de celulares personales durante el servicio y obligar a los agentes a portar cámaras corporales para registrar sus intervenciones. La idea es clara: evitar distracciones, garantizar transparencia y poder documentar cualquier abuso o irregularidad.
Para la sociedad, estos proyectos representan un intento de frenar la sensación de impunidad que generan casos como el de Santa Cruz, donde la violencia queda registrada pero muchas veces no alcanza para que se haga justicia inmediata.
Un debate que divide
Los hechos recientes muestran que la discusión no es simple. Para muchos ciudadanos, estas medidas son urgentes y necesarias para proteger a quienes viven día a día bajo la vigilancia de la policía. Para otros, es un cuestionamiento a trabajadores con bajos salarios y condiciones difíciles que cumplen funciones complejas.
Lo cierto es que los videos de agresiones, como el de Río Gallegos, alimentan la indignación y el debate sobre la necesidad de controles más estrictos y mecanismos que obliguen a la Policía a actuar con transparencia, evitando que la autoridad se ejerza con violencia o sin rendición de cuentas.
