La Legislatura de Río Negro retomó su actividad con una sesión cargada de contenido político, simbología partidaria y tensiones que se hicieron visibles no solo en los discursos, sino también en los carteles colocados en las bancas. En un clima de creciente polarización, el bloque de la Coalición Cívica ARI desplegó un cartel con la frase “Lo que falta es lo que se robaron”, en alusión directa a los casos de corrupción que involucraron a exfuncionarios nacionales. A pocos metros, el bloque Vamos con Todos respondió con otro cartel que decía “Cristina libre”, mientras que el legislador Juan Martín (PRO) colocó uno propio con el mensaje “Educación esencial y fruticultura en emergencia”, sumando su reclamo sectorial a la escena.
En ese contexto, el legislador libertario César Domínguez (LLA) presentó un proyecto de comunicación que propone que parte del dinero que deberá devolver Cristina Fernández tras su condena en la Causa Vialidad, sea destinado a la reparación de rutas nacionales en Río Negro. “La iniciativa insta al Poder Ejecutivo, más exactamente al Ministerio de Justicia, para que los fondos recuperados vuelvan en obras a la provincia de Río Negro, ya que, durante muchos años, sectores políticos guardaron silencio cómplice frente a la paralización de las obras de las rutas nacionales”, explicó Domínguez.
El proyecto libertario, que no está contemplado su tratamiento en esta sesión, se apoya en el fallo que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de ordenar un decomiso de bienes por $84.835 millones, cifra que debe actualizarse a valores actuales. Domínguez sostuvo que esos fondos, producto de una sentencia por corrupción, malversación y administración fraudulenta, deberían ser reinvertidos en las provincias afectadas por la paralización de obras públicas. “Desde LLA proponemos que ese dinero vuelva en obras a la provincia para terminar algunas de ellas”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el proyecto podría no prosperar: “No sé si lo harán, porque sería reconocer que la presidenta está condenada, y muchos como tienen grandes lazos con ella, lo tiran o no lo sacan”.
La guerra de carteles en las bancas fue una expresión visual de esa disputa: mientras unos reclamaban justicia y transparencia, otros defendían la figura de Cristina Fernández como víctima de persecución judicial. La escena dejó en evidencia que, más allá del temario legislativo, la sesión se convirtió en un escenario de disputa simbólica y narrativa, donde cada bloque buscó marcar posición frente a la opinión pública.
La sesión incluyó más de 130 proyectos en debate, entre ellos iniciativas sobre derecho a huelga, fauna silvestre, emergencia vial y reformas laborales, pero fue el cruce político el que acaparó la atención. La Legislatura se convirtió en un espejo de las tensiones nacionales, con discursos que oscilaron entre la denuncia, la reivindicación y la estrategia electoral.
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