Una ruta detonada, una provincia harta y un reclamo que ahora sube el tono. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, decidió llevar su queja a los tribunales y presentó una demanda judicial contra el gobierno nacional y Vialidad Nacional por el calamitoso estado de la ruta Nacional 151. Lo hizo con una jugada que no pasó desapercibida: se sumaron intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, en una presentación colectiva que busca frenar lo que consideran un abandono total del corredor vial que conecta a la región con La Pampa y vital para la industria petrolera de Vaca Muerta.
La denuncia cayó en el Juzgado Federal de General Roca y no tardó en tener respuesta: ya se dio curso al expediente y se le ordenó a Vialidad Nacional que conteste en un plazo de cinco días sobre el estado real de la traza. Mientras tanto, desde el Alto Valle el mensaje fue claro: “Vamos por todo: exigimos obras, señalización urgente y un plan concreto con presupuesto”, dijo Weretilneck desde sus redes.
La bronca del gobierno rionegrino no es nueva. Viene acumulando polvo desde fines de mayo, cuando comenzó a hablarse de una avanzada judicial por el estado de las rutas nacionales 151, 22, 23 y 40. Pero la situación de la 151 —entre Cipolletti y el límite con La Pampa— se volvió insostenible: baches, deformaciones, falta de señalización y un riesgo latente de accidentes fatales con cada kilómetro que se recorre.
En la presentación, firmada por el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, se detalla que el mal estado de la ruta afecta traslados sanitarios, la educación de miles de chicos y docentes, y golpea a sectores clave de la economía provincial como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera. De hecho, se remarcó que por esa ruta pasa el 72% del petróleo y el 42% del gas que produce la provincia.
El respaldo político fue contundente: Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande) firmaron la demanda. A ellos se sumaron cámaras empresariales como la de Servicios de Río Negro, la de Servicios Petroleros y la de Comercio de Cipolletti. También acompañó la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre la vulneración de derechos básicos como la salud, la integridad física y la seguridad vial.
Pero la acusación más grave apunta al desvío de fondos. Según el gobierno rionegrino, el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debería ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Sin embargo, aseguran que esos recursos no están llegando donde deben y que rutas clave como la 151 quedaron fuera de toda planificación. Una discusión que los gobernadores de todas las provincias pretenden llevar al Congreso para que ese dinero que integra el Tesoro sea coparticipable.
Desde Vialidad Rionegrina ya se había advertido sobre el diagnóstico crítico. Y ahora es la Justicia la que le puso el ojo a Nación. En el escrito se pide una señalización inmediata, bacheo provisorio, campañas de prevención y, sobre todo, un plan técnico-financiero con informes periódicos. Previo a esta determinación Weretilneck junto con su par de Neuquén Rolando Figueroa, propusieron que las provincias se hagan cargo de las obras necesarias en la ruta Nacional 22 y la 151, con el cobro de peaje, pero Nación se negó rotundamente a entregar el control de las trazas más importantes de Vaca Muerta.
“El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Lo vamos a hacer por la vía judicial”, sentenció Weretilneck. Si este reclamo prospera, no se descarta que otras provincias sigan el mismo camino. Porque, como dijo el propio gobernador: “Defendemos a nuestra gente con hechos y en la Justicia”.