La provincia del Neuquén impulsa una profunda reforma de su Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de garantizar mayor celeridad en los procesos y un acceso más cercano a la justicia. La iniciativa contempla la división del código de 1975 en dos nuevos cuerpos normativos: uno para Derecho de Familia y otro para Derecho Civil y Comercial, adaptando el sistema a las necesidades actuales y sumando herramientas tecnológicas para optimizar los tiempos.
La comisión interpoderes que lleva adelante el trabajo está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, junto a juristas especializados. Entre ellos, la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci asesora en materia de Familia, y el Dr. Gustavo Calvinho en el área Civil y Comercial. Ambos participan en la redacción de los artículos y en reuniones con legisladores y actores locales para adecuar los textos a la realidad de cada región.
Uno de los ejes de la reforma es incorporar tecnología en los procesos judiciales, manteniendo el sistema escrito pero sumando expedientes electrónicos y más oralidad. Esto permitirá reducir los plazos, que actualmente pueden extenderse hasta cuatro años, y mejorar la eficiencia del Poder Judicial. Además, se busca facilitar audiencias a distancia, especialmente en localidades alejadas, garantizando su validez y resguardo.
La propuesta también incluye un recorrido por las siete regiones de la provincia para presentar el proyecto a la ciudadanía y recoger aportes locales. En zonas rurales o cordilleranas, se identificaron problemáticas como la dificultad para acceder a la justicia por las distancias, y la necesidad de mecanismos de mediación para resolver conflictos sin llegar a juicios prolongados que afecten la convivencia.
En materia de familia, se incorporarán leyes provinciales vigentes como la 2302 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la 2785 de prevención de la violencia familiar. Según la comisión, las reuniones en el interior han tenido alta participación, con un promedio de setenta asistentes, lo que refleja un proceso genuino y participativo, con expectativas de que la iniciativa sea debatida y aprobada antes de fin de año.