Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006 cuando volvía a su casa en la zona rural de Fernández Oro. Tenía 16 años. Su cuerpo apareció seis meses después, y desde entonces el caso se convirtió en uno de los expedientes más largos, desprolijos y dolorosos de la historia judicial rionegrina. El fallo del Tribunal de Impugnación que libera a los condenados, es la continuidad de una historia cargada de negligencia.
La venda no solo tapó los ojos de la Justicia, también la momificó. Inmóvil, sobrepasada, incapaz de reaccionar ante la magnitud del crimen, así se mostró hace 18 años. Fue el resultado de un sistema judicial que en aquel entonces estaba corroído por internas, negligencia y falta de capacidad. Por presión social se mantuvo la causa viva durante casi dos décadas, pero fue imposible corregir las fallas gravísimas cometidas.
Los ejemplos sobran. El entonces jefe policial de Río Negro, Víctor Ángel Cufré, que terminó preso tiempo después, en las primeras horas de la desaparición, minimizó el caso, sugirió que la adolescente “se había ido con un noviecito”. Una comisión investigadora paralela, encabezada por un integrante del Superior Tribunal de Justicia, se reunía en secreto con el padre de Otoño para darle información que ni siquiera figuraba en el expediente. La jueza a cargo, María del Cármen García García fue destituida por su mal desempeño, pero años después planteó una demanda por “estrés laboral”, como si el verdadero desgaste no lo hubieran sufrido la familia y la comunidad que clamaban por respuestas.
Y cuando parecía que nada más podía empeorar, lo hicieron: sin nuevas pruebas y con el expediente tambaleando, se llevó a juicio a los cuatro acusados apenas un día antes de que prescribiera la causa. Una jugada desesperada para evitar el papelón de dejar todo en la nada, pero con un resultado tan previsible que estaba más cantado que Despacito, el hit de Luis Fonsi.
En marzo de este año, después de 18 años de desgaste, el Tribunal de Juicio dictó una condena unánime contra Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos. Según los jueces, “elaboraron un plan” para secuestrarla: Cau retiró la bicicleta para dejarla sola y vulnerable; conocían el terreno y cada uno cumplió su parte. También con el pacto de silencio. El cuerpo apareció en la usina de El 30 y el perro Sureño marcó la casa de dos de ellos. También encontraron un nylon junto al canal Principal con el que la habían envuelto, fue pieza clave.
La defensa no necesitó ser brillante en su recurso de impugnación: apenas tuvo que mostrar uno a uno los agujeros que la propia Justicia había perforado hace 18 años. Cinco meses después, el Tribunal de Impugnación pulverizó la sentencia. El ADN del “pelo 17” (uno de los vellos púbicos encontrados en la ropa interior de Otoño) excluía a Jafri, las muestras del nylon estaban degradadas, la prueba odorológica carecía de rigor científico y varios testimonios eran simples versiones “de oídas” sin respaldo. La conclusión fue tan demoledora como inevitable: se condenó sin pruebas sólidas. El fallo absolutorio no sorprendió a nadie: era la crónica de un fracaso anunciado.
La cuarta circunscripción judicial, creada por presión social, tras una seguidilla de crímenes impunes en Cipolletti que se investigaban mal y tarde desde Roca, cargará para siempre con esta mancha. La desaparición un muerte de Otoño Uriarte fue su primer gran desafío y se mantiene como su página más oscura. El paso del tiempo no hizo más que confirmar que, cuando la base de una investigación está podrida, ningún maquillaje judicial puede tapar el olor a injusticia.