Una decisión que encendió todas las alarmas
Entre junio de 2022 y diciembre de 2023, la entonces intendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, autorizó -por cuenta propia- la apertura de un basural a cielo abierto en un predio ubicado a cinco kilómetros del pueblo. No pidió autorización del Concejo Deliberante, no convocó a la Secretaría de Ambiente y no encargó ningún estudio de impacto ambiental.
La medida fue directa, sin consultas ni avisos, y en contra de leyes nacionales, provinciales y de la propia Constitución neuquina. Lo más polémico: la ciudad ya contaba con un vertedero habilitado para la disposición final de residuos.
Un predio mal elegido y un impacto que se sintió rápido
El lugar que Espinosa eligió está pegado a una estancia que hasta entonces no tenía problemas ambientales. Pero con el nuevo basural, todo cambió. Allí se desmontó vegetación nativa, se cavaron cuatro enormes fosas de dos metros y se arrojaron residuos urbanos y restos de faena animal sin tapar ni compactar.
No había alambrados, no había control de ingreso y cualquiera podía acceder. El resultado fue un daño directo: la pastura para el ganado de la estancia quedó afectada y los dueños tuvieron que frenar la actividad de cría de animales.
Cuando el Estado incumple sus propias reglas
La fiscalía sostiene que la exintendenta incumplió sus deberes como funcionaria pública y provocó daño ambiental, delitos que ahora enfrenta formalmente en la Justicia. El caso expone una contradicción que indigna: mientras el discurso oficial habla de cuidar el ambiente, la decisión política de la máxima autoridad local terminó contaminando y perjudicando a los vecinos.
El juez aceptó la acusación, fijó dos meses para investigar y dejó claro que la responsabilidad de Espinosa está en juego. Un episodio que reaviva la bronca de quienes ven en estos casos un Estado que no predica con el ejemplo.
