El diputado provincial Marcelo Bermúdez (PRO) informó que existe un despacho con mayoría en la Legislatura de Neuquén para avanzar en una ley que habilite controles toxicológicos obligatorios a funcionarios públicos.
El alcance incluye a autoridades del Poder Ejecutivo (gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios), del Poder Legislativo (diputados) y del Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales, defensores, Consejo de la Magistratura), además de directivos de empresas estatales y entes autárquicos. Las pruebas serían sorpresivas y al menos una vez al año.
“No se trata de la vida privada”
Bermúdez aclaró que el proyecto no busca inmiscuirse en cuestiones personales:
“No se analiza la adicción ni la vida privada de nadie, sino que se garantice que ningún funcionario que toma decisiones tenga un vínculo con el narcotráfico a partir de un consumo”, afirmó.
Debate por el procedimiento en caso de positivo
El punto central de discusión es qué ocurre si un funcionario da positivo.
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En el proyecto del PRO, se plantea un esquema simple: una prueba, una contraprueba inmediata y, si ambas son positivas, remoción del cargo.
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El despacho firmado en la Legislatura, en cambio, prevé un tercer análisis a los tres meses y luego la aplicación de los mecanismos propios de cada Poder (sumario, juicio político o jurado de enjuiciamiento).
Bermúdez cuestionó este esquema:
“Podemos terminar con un juez con prueba y contraprueba positivas que, por falta de votos en un juicio político, vuelva a su cargo. Eso es injusto y depende de la política”.
El diputado señaló que, al igual que ocurre con la Policía de Neuquén y con los controles de alcoholemia a los ciudadanos, el mismo estándar debe aplicarse a quienes ejercen cargos públicos. "Debemos tener un texto concreto", agregó.
Quién paga los análisis
Otro tema discutido en la comisión legislativa fue el costo de los estudios. Bermúdez sostuvo que no deben pagarse con fondos públicos, sino que los funcionarios deben asumirlos personalmente:
“El Estado somos los contribuyentes. No corresponde que un ciudadano financie el análisis de quienes ejercen el poder”.
