Lo que empezó como una obra de infraestructura terminó en una serie de complicaciones diarias para una familia de Allen. Durante dos años, el avance del gasoducto que conecta la Estación EFO con el troncal de Fernández Oro alteró por completo la vida en una chacra de la zona. El tránsito de camiones, el polvo, el ruido y, sobre todo, las vibraciones, dejaron una vivienda marcada por grietas y fisuras. Peritos confirmaron que los daños estructurales se originaron en el movimiento de suelo provocado por la obra. Ahora la empresa deberá hacerse cargo.
La historia llegó a los tribunales y, en primera instancia, la Justicia entendió que se trató de una actividad riesgosa. La petrolera fue condenada a reparar los daños y a indemnizar a la familia. La empresa, sin embargo, apeló la decisión: cuestionó las pericias técnicas y hasta la legitimidad de las mujeres que iniciaron la demanda.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca no dejó lugar a dudas. Respaldó los informes técnicos ambiental, agronómico y arquitectónico, que coincidieron en que la maquinaria trabajó a distancias menores a las previstas en el propio estudio de impacto ambiental realizado por la empresa. Fotografías, testimonios y el contexto reforzaron lo que los papeles mostraban: la obra había dejado huellas irreversibles en la casa y en las instalaciones productivas de la chacra.
Incluso antes de la demanda, la petrolera había ofrecido un acuerdo económico, pero con condiciones: aceptar las obras en ejecución y renunciar a cualquier reclamo judicial. La familia rechazó esa salida.
Ahora, con la sentencia confirmada, la Justicia dejó claro que los daños deben repararse y que la responsabilidad no se puede tapar con un acuerdo a medias.
Por el daño moral sufrido, la empresa deberá pagar 7.5 millones de pesos más intereses desde el día que fue presentada la demanda, además está obligada a reparar por completo la propiedad.
