El Consejo de la Magistratura de Río Negro decidió destituir al juez de la Cámara del Trabajo de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, por atrasos insólitos en el dictado de sentencias. La medida fue unánime y también incluyó una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos judiciales. La gota que colmó el vaso: acumuló 25 causas vencidas, la mayoría laborales, donde los trabajadores quedaron a la espera de fallos que nunca llegaron.
Durante el proceso se repasaron hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Allí se comprobó que Guerra Labayén no solo demoró fallos, sino que en ocho expedientes directamente perdió competencia, lo que obligó a que otras manos tomaran el control. En la audiencia, el juez intentó defenderse diciendo que buscaba “calidad técnica” en sus resoluciones, pero el argumento fue desechado: la Justicia marcó que la calidad no puede ser excusa para incumplir los plazos.
Los testimonios de colegas y funcionarios lo dejaron aún más expuesto. Relataron que era habitual que el magistrado no entregara sus votos en tiempo y que desoyera advertencias de la Auditoría Judicial. En la resolución, el Consejo fue contundente, el comportamiento de Guerra Labayén no solo atrasó expedientes, también golpeó la confianza de los justiciables y deterioró la imagen del Poder Judicial, ya de por sí cuestionada por su lentitud.
El punto más sensible fue que los expedientes eran laborales. Causas que definen sueldos, indemnizaciones y derechos básicos de trabajadores. Para el Consejo, la demora prolongada vulneró directamente condiciones de vida de personas que esperaban una sentencia para resolver problemas urgentes. “La celeridad es parte del derecho a la Justicia”, remarcaron.
En su análisis final, el órgano disciplinario concluyó que los hechos probados evidencian un apartamiento grave e injustificado de las obligaciones constitucionales y legales de un magistrado. Consideró que la persistencia de la conducta, la ausencia de arrepentimiento y la falta de reflexión sobre la responsabilidad institucional constituyen razones suficientes para sostener que Guerra Labayén perdió la idoneidad necesaria para el cargo.
