Se desarrolló en la mañana de este martes en Viedma la audiencia de cesura en la que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública expusieron sus pretensiones punitivas para un hombre condenado por tentativa de homicidio, amenazas agravadas por uso de arma de fuego y daño. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2024 en la localidad de San Javier y dejó como saldo la amputación del brazo derecho de la víctima principal, un joven de 28 años que trabajaba en tareas agrícolas. La Fiscalía solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió el mínimo legal de 5 años y 6 meses.
La audiencia comenzó con la declaración de dos testigos. La madre de la víctima relató, mediante conexión remota, el impacto que el ataque tuvo en la vida cotidiana de su hijo y del grupo familiar. Señaló que debió posponer su tratamiento contra el cáncer para dedicarse al cuidado del joven, quien actualmente depende de su entorno para actividades básicas, padece depresión y no cuenta con subsidio por discapacidad. Luego, la defensa presentó a un amigo y a la expareja del acusado, quienes aportaron elementos sobre su historia personal y contexto familiar.
Durante los alegatos, la Fiscalía fundamentó su pedido en la gravedad del hecho, la pluralidad de víctimas y la extensión del daño físico, psicológico y social. Recordó que el arma utilizada fue considerada por peritos como una de las que provocan “dolor innecesario”, y que el acusado ya había sido denunciado por una expareja. Además del joven que perdió el brazo, otra persona fue víctima de amenazas agravadas, y relató haber sentido pánico y temor, lo que la obligó a abandonar San Javier y modificar sus hábitos de vida.
El Ministerio Público sostuvo que existió dolo homicida y que el ataque generó consecuencias directas e indirectas en el entorno familiar, agravadas por la vulnerabilidad económica. También se mencionaron como agravantes la impulsividad del imputado, el peligro generado para quienes estaban en la vivienda y la naturaleza violenta de la acción. Como atenuantes, se consideraron la falta de antecedentes penales, la situación socioeconómica y los estudios cursados por el acusado.
Por su parte, la Defensa Pública argumentó que corresponde valorar las circunstancias personales y familiares del imputado, especialmente la existencia de hijos menores que quedarían sin sustento. Sostuvo que no hubo intención homicida y que el hecho debe analizarse desde la historia de vida del acusado. Finalmente, el tribunal adelantó que dará a conocer la sentencia en los próximos días, una vez evaluados los elementos presentados por ambas partes.
