La camioneta de alta gama que utilizaba la ex vicegobernadora Gloria Ruiz seguirá bajo custodia judicial. El juez de Garantías Juan Guaita rechazó el planteo de su defensa y confirmó la medida cautelar que mantiene secuestrada la Toyota SW4 en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión ratifica lo dispuesto a fines de 2024, cuando el Ministerio Público avanzó con el aseguramiento del rodado tras cuestionar el origen de los fondos con los que fue adquirido.
En diálogo con La Red, el fiscal jefe Pablo Vignaroli defendió la postura del Ministerio Público y sostuvo que el vehículo debe permanecer incautado mientras se profundiza la investigación. Durante la audiencia, insistió en que el monto abonado —cerca de 77 millones de pesos en agosto pasado— no tiene una justificación patrimonial clara dentro del expediente.
El argumento central de la fiscalía
Para la fiscalía, la discusión no pasa por el estado material del vehículo, sino por su rol dentro del proceso penal. Vignaroli planteó que la camioneta podría constituir “objeto o provecho del delito”, lo que habilita su secuestro preventivo con vistas a un eventual decomiso.
La defensa, encabezada por Alberto Balladini, pidió la restitución al advertir que la unidad se deteriora a la intemperie y al señalar que Ruiz mantiene su presunción de inocencia. También cuestionó la decisión del Ministerio Público y consideró que la medida resultaba desproporcionada.
El aval del juez Guaita
Al resolver, Guaita sostuvo que la medida cautelar está debidamente fundada y que la brevedad de los argumentos fiscales no implica arbitrariedad. Señaló que el aseguramiento del bien es una herramienta prevista por la ley para garantizar el desarrollo del proceso y una eventual reparación.
El magistrado también dejó asentado que la ex vicegobernadora conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme, pero entendió que eso no impide aplicar medidas cautelares cuando están justificadas por los riesgos procesales.
Un vehículo bajo resguardo
La camioneta permanece inmovilizada desde el 26 de diciembre de 2024, cuando se ejecutó el operativo de secuestro. Desde entonces, forma parte de las evidencias bajo análisis en una causa que apunta a determinar si existió un incremento patrimonial no justificado.
Tras el fallo, la defensa anticipó que recurrirá la decisión ante un tribunal superior. Mientras tanto, la medida seguirá vigente.
El expediente continúa su curso y la discusión ya no gira en torno a una camioneta de alta gama, sino a la necesidad de esclarecer el origen de fondos públicos y privados en el ejercicio de la función. La resolución judicial dejó en claro que, en esta etapa, el resguardo del bien prevalece sobre cualquier planteo de restitución anticipada.
