La historia no empezó en un juzgado sino en una casa de Cipolletti. Se casaron en 2003, ambos con títulos universitarios y proyección profesional. Tuvieron hijas e hijos, organizaron agendas, guardias, consultorios, horarios escolares y viajes. Sin embargo, con el paso de los años, esa organización cotidiana tomó un rumbo desigual: él se enfocó en consolidar su éxito y generar ingresos; ella fue reacomodando su carrera para sostener la estructura familiar.
El divorcio se dictó en 2023. Pero el capítulo más fuerte llegó después. La mujer inició una acción de compensación económica y puso sobre la mesa una división de roles que, según sostuvo, fue “muy marcada”. Afirmó que postergó crecimiento profesional para atender el hogar y el cuidado de sus hijos, y que la administración del dinero quedó centralizada en su entonces esposo. Tras la ruptura, dijo, reconstruir autonomía financiera y habitacional no fue sencillo.
Del otro lado, la respuesta fue tajante. Se planteó cosa juzgada y se aseguró que el tema ya había sido tratado en mediación. No hubo acuerdo en audiencia preliminar y el expediente avanzó a prueba. Entonces comenzaron a desfilar los papeles: informes bancarios, registros profesionales, documentación de instituciones de salud, pericias sociales y testimonios.
Sin embargo, hubo un punto que pesó más que cualquier planilla: la enfermedad grave de una de las hijas. Según se expuso, ese período implicó para la madre una suspensión intensa de su actividad profesional para acompañar tratamientos y estadías fuera de la provincia. Él reconoció viajes y presencia, pero destacó que asumió el sostenimiento económico del hogar y el cuidado del otro hijo que permaneció en la región.
El juzgado valoró ese contexto bajo la lupa del Código Civil y Comercial, que exige analizar si existe un “desequilibrio manifiesto” entre las partes tras la ruptura. Y allí entró en juego no solo el pasado, sino el presente. Porque la comparación fue concreta. De un lado, un domicilio amplio, equipado y de uso exclusivo, que había sido el hogar conyugal. Del otro, un departamento alquilado, más reducido, con muebles aportados por familiares y limitaciones materiales.
Finalmente, la magistrada resolvió hacer lugar a la compensación económica. Ordenó que el ex esposo pague 20 millones de pesos en una única prestación, más intereses calculados según la doctrina del Superior Tribunal de Justicia. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado, pero el mensaje ya quedó marcado.
