Mientras la sociedad neuquina aguarda que las instancias de apelación impongan el castigo que merecen quienes protagonizaron el robo de los planes sociales (durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez), el gobierno provincial continúa avanzando sin pausas con la política de tolerancia cero frente a las irregularidades en el Estado, que impuso el gobernador Rolando Figueroa. La señal es clara: la lucha contra las conductas indebidas se sostiene en decisiones concretas de gestión.
Aquel saqueo
El fraude de los planes sociales dejó al descubierto un esquema de saqueo millonario que afectó a los sectores más vulnerables y dañó a la provincia. Aunque las condenas conocidas hasta ahora resultaron menores a lo esperado, la sociedad confía en que las apelaciones que realizarán la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal permitan corregir ese escenario y adecuar las penas a la gravedad de los delitos cometidos.
Los fiscales, como así también el gobernador y la sociedad en su conjunto están convencidos de que los ex funcionarios de Gutiérrez incurrieron en el delito de asociación ilícita, pero el tribunal que integran los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, los condenaron por administración fraudulenta agravada. A los cabecillas (entre ellos el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca) les aplicaron la condena máxima: cinco años de cárcel (la mitad de lo que prevé como máximo, la figura de la asociación ilícita).
¿Qué hicieron? Se organizaron y distribuyeron roles para robar una suma multimillonaria en planes sociales que jamás llegaron a las familias necesitadas. Tiene toda la pinta de una asociación ilícita, pero, en fin, los jueces no lo vieron de ese modo.
Tolerancia cero
Mientras se espera por el agravamiento de la condena, la administración que encabeza Figueroa ratifica que no habrá contemplaciones puertas adentro del Estado y sigue la purga. La consigna de “caiga quien caiga” se traduce en medidas disciplinarias firmes, orientadas a erradicar prácticas que durante años se toleraron y que deterioraron la credibilidad de la gestión pública.
En ese contexto, el cierre de la semana trajo consigo dos nuevos despidos en la administración provincial, en línea con los criterios de orden, responsabilidad y cumplimiento de deberes que impulsa el Ejecutivo. Se trata de decisiones que refuerzan el mensaje de que la pertenencia a la planta permanente no es un blindaje frente a conductas reprochables.
Una de las cesantías alcanzó a Micaela Ayelén Canio, quien se desempeñaba en el Ente Provincial de Termas del Neuquén. Según se informó, incurrió en ausencias injustificadas que configuraron abandono de cargo, una falta grave incompatible con las obligaciones del empleo público.
El segundo despido fue el de Facundo Iván Guajardo, ahora ex trabajador de la subsecretaría de Familia. En este caso, la medida se adoptó a partir de presuntas situaciones de violencia familiar y laboral, hechos que motivaron la intervención administrativa y la posterior desvinculación.
Así, mientras se espera que la Justicia avance hacia condenas más severas contra los ladrones de los planes sociales, el gobierno provincial sigue dando señales concretas de que la tolerancia cero no es un simple eslogan.
