El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén desestimó una denuncia contra el municipio de San Martín de los Andes por el uso de una cuenta de Mercado Pago destinada al cobro del estacionamiento medido en la ciudad, tras concluir que no existió delito penal ni desvío de fondos públicos.
La decisión fue tomada por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien analizó la denuncia presentada el 20 de enero por el contralor municipal Jorge Alberto Fernández. El planteo cuestionaba la creación y administración de una cuenta de Mercado Pago a nombre de la municipalidad que, según señalaba el funcionario, operaba por fuera de los circuitos formales de tesorería y contabilidad.
En su presentación, el contralor mencionaba la posible comisión de delitos como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ante la denuncia, el MPF inició una investigación para determinar si existía o no un delito. Entre las medidas adoptadas, el fiscal requirió información al área legal de Mercado Pago, entrevistó a funcionarios municipales y solicitó documentación a la comuna.
La pesquisa permitió establecer que la cuenta registró cerca de 50.000 operaciones en un período de dos años y tres meses, desde su apertura en junio de 2024. Durante ese tiempo se realizaron dos transferencias hacia la cuenta oficial del municipio en el Banco Provincia del Neuquén: una en diciembre de 2025 por $78.811.842,67 y otra en enero de 2026 por $12.724.672,01, lo que totaliza $91.536.514,68.
Además, según la información remitida por Mercado Libre al Ministerio Público Fiscal el 21 de enero de 2026, la cuenta mantenía un saldo de $25.135.014,50.
Durante la investigación también fueron entrevistadas la contadora y la tesorera municipal, además del entonces secretario de Economía y Hacienda. A partir de estos testimonios y de la documentación enviada por la intendencia, el fiscal corroboró que la apertura de la cuenta no fue un acto clandestino, sino que fue autorizada mediante el Decreto 386/24, firmado por el intendente, que habilitó el uso de plataformas de pago electrónico para el cobro del estacionamiento medido.
No hubo delito
Tras analizar toda la evidencia reunida, Ávila concluyó que “ni un solo centavo ha sido desviado de las arcas del municipio hacia terceros o en provecho de algún funcionario”, descartando las figuras de peculado y malversación de fondos.
El dictamen también abordó el planteo del contralor sobre un supuesto daño patrimonial por no haber invertido el dinero para generar intereses. El fiscal sostuvo que esa decisión no constituye una maniobra defraudatoria, ya que en la administración pública prima el principio de prudencia financiera y la necesidad de mantener disponibilidad inmediata de los fondos.
En cuanto a la demora del área de Hacienda municipal para responder los pedidos de información del contralor —situación que generó inicialmente las sospechas—, el MPF reconoció que existió un retraso, pero aclaró que no configura un delito penal.
Ávila remarcó que, ante este tipo de incumplimientos, el contralor cuenta con herramientas administrativas para aplicar sanciones dentro del ámbito municipal.
No obstante, el fiscal recomendó que en el futuro los pedidos de información “sean respondidos en tiempo y forma para evitar situaciones como las que aquí se presentan”.
Con estos argumentos, el jefe fiscal resolvió desestimar la denuncia al considerar que los hechos investigados no constituyen delito, conforme al artículo 131 inciso 1 del Código Procesal Penal de Neuquén.
En su resolución también aclaró que la decisión no implica que la denuncia haya sido infundada, sino que las hipótesis planteadas inicialmente fueron descartadas tras la investigación.
El contralor municipal fue notificado de la resolución este miércoles y cuenta con cinco días para solicitar la revisión de la medida ante un juez de garantías.
