Durante el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Andacollo, el intendente Manuel San Martín habló públicamente sobre el caso de fraude millonario que actualmente investiga la Justicia. El mismo involucra a dos funcionarios de alto rango y comerciantes locales.
San Martín indicó que la denuncia fue presentada a fines de 2025 y que el perjuicio estimado asciende a $128 millones. Además explicó que durante este tiempo no se manifestó para no entorpecer la investigación judicial. Agregó que ha afectado a la gestión pero que sin embargo el propio Ejecutivo realizó la denuncia al notar las infracciones.
Según detalló, la maniobra de fraude constistió en pagar horas máquina a una empresa que nunca hizo los trabajos, con la complicidad de dos funcionarios municipales. Esos trabajos efectivamente los hacía otra empresa, que además desarrolla una de las "obras más importantes aquí en la región", declaró.
"Eso constituyó una estafa para el municipio donde, con la complicidad de dos funcionarios que ocupaban en su momento el área de servicios con un corralón privado de la localidad, se llevaba adelante esta maniobra", añadió.
Otras denuncias realizadas
Por otro lado, también denunció la extracción irregular de materiales de la cantera municipal. En total habrían sido retirados 80 bateas de áridos, equivalentes a unas 320 camionadas, que luego fueron vendidas a una empresa vinculada a obras del gasoducto en el norte de la provincia.
Además, el municipio detectó la presunta sustracción de caños que se encontraban en un predio municipal y que posteriormente fueron vendidos nuevamente al propio municipio.
Otra maniobra bajo investigación es la utilización de contravales de combustible emitidos por una estación de servicios de la zona. Según la denuncia, el municipio pagaba consumos mediante cheques a una empresa proveedora que luego emitía las facturas correspondientes. En algunos casos, el monto abonado superaba el consumo real y generaba un saldo a favor que se transformaba en contravales de combustible.
Esos comprobantes eran retirados por choferes de camiones que dependían de uno de los funcionarios investigados, lo que permitió que el mecanismo se repitiera durante varios meses.
Los cuatro acusados ya han sido imputados por la fiscalía de Chos Malal por los delitos de defraudación reiterada, peculado y asociación ilícita. La fiscalía solicitó además el embargo de bienes por alrededor de $130 millones como parte de la investigación.
El intendente informó a los concejales que la fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar con el análisis de documentación y de los elementos secuestrados durante los allanamientos. Por esto la investigación continuará hasta fines de junio.
Por último San Martín pide a la comunidad dejar que la justicia actúe y decida qué hará sobre estas denuncias. También agradeció a la comunidad por entender y apoyar.
