La Legislatura de Río Negro aprobó por 42 votos a favor y 4 en contra la ley que ratifica el acuerdo entre la Provincia e YPF para desarrollar el proyecto Argentina LNG, una mega iniciativa que apunta a exportar el gas de Vaca Muerta desde las costas del Golfo San Matías en barcos licuefactores y que promete, según el Gobierno, hasta 40.000 puestos de trabajo. El oficialismo celebró la votación como un respaldo contundente al rumbo energético, mientras la oposición dejó planteadas sus dudas en un debate caliente.
Desde temprano se respiraba clima de definición histórica. Porque lo que se puso sobre la mesa no fue solo un convenio técnico, sino la puerta de entrada de Río Negro a la liga mayor de la exportación mundial de gas natural licuado. Y en ese contexto, el número fue demoledor: 42 manos levantadas avalaron el acuerdo, apenas 4 lo rechazaron. Una diferencia que el oficialismo leyó como un mensaje político claro hacia adentro y hacia afuera.
Además, apenas terminada la votación, el gobernador Alberto Weretilneck salió con los tapones de punta a capitalizar el resultado. “Se ratificó el rumbo que posiciona a Río Negro como motor de la nueva etapa energética de Argentina”, lanzó. Y no se quedó ahí. Habló de desarrollo, de oportunidades para jóvenes, comerciantes y empresarios, y sobre todo puso sobre la mesa la cifra que encendió expectativas: 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Ahora bien, ¿qué implica concretamente el proyecto? Básicamente, conectar el potencial gasífero de Vaca Muerta con el mundo. El plan prevé instalar infraestructura sobre la costa rionegrina para que buques especiales, verdaderas plantas flotantes, licúen el gas y lo exporten a gran escala. Es decir, transformar el recurso en dólares frescos. Y eso, en una provincia que busca diversificar su matriz productiva, suena a jackpot energético.
Sin embargo, el debate legislativo no fue un camino de rosas. Hubo cuestionamientos vinculados al impacto ambiental, a los términos del acuerdo con YPF y a las garantías para que el derrame económico quede realmente en la provincia. Aunque esas voces quedaron en minoría, dejaron planteado un interrogante que sobrevuela cada mega inversión: cuánto de la promesa se traduce en realidad concreta.
Por otro lado, para el Gobierno provincial la sanción tiene un valor que va más allá de lo económico. Es una señal institucional. Una foto de estabilidad en tiempos de incertidumbre nacional. En otras palabras, un mensaje directo a los inversores: Río Negro ofrece reglas claras y respaldo político para proyectos de largo plazo. Así, entre aplausos oficialistas y críticas opositoras, la ley ya es un hecho.
