El aumento salarial del 80% que el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y los concejales se habían otorgado a sí mismos quedó en pausa y dará marcha atrás luego de un pedido expreso del gobernador Rolando Figueroa. La intervención del mandatario provincial fue clave para frenar una decisión que había generado un profundo malestar tanto en la ciudadanía como en el gobierno neuquino.
La ordenanza, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, había encendido todas las alarmas en la Casa de Gobierno por contradecir de manera directa la política de austeridad que impulsa Figueroa desde el inicio de su gestión. El descontento fue inmediato y se expresó con claridad en contactos directos entre funcionarios provinciales y autoridades municipales.
“Le pedí al intendente de Junín de los Andes que revise la ordenanza de aumento de sueldos a los funcionarios”, afirmó el gobernador, al referirse al episodio que generó una fuerte repercusión política en pleno cierre de año. En ese mismo sentido, Figueroa valoró la decisión posterior del jefe comunal: “Agradezco que haya escuchado a la ciudadanía y decidido dar marcha atrás con una medida que alejaba a la política de las prioridades de la gente”.
El incremento, anunciado en la previa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, había sido presentado por el municipio como una “recomposición salarial” destinada a restablecer la jerarquía institucional entre la planta política y los empleados de carrera. Sin embargo, los números difundidos terminaron por agravar la polémica: el salario del intendente superaría los 6,2 millones de pesos y los concejales rozarían los 3,6 millones mensuales.
El mandatario que entregó viviendas en la localidad lacustre, compartió acto con el intendente Madueño y recordó que la Provincia “todos los meses, le manda 500 millones a la municipalidad de Junín de los Andes para que puedan terminar de pagar sueldos”. “Por eso yo hoy le pido que revea esa ordenanza”, insistió.
El gobernador se excusó de ir sobre la autonomía municipal, pero reflexionó que “cuando a fin de mes nosotros sacamos 500 millones de alguna obra, de ayudar a algún municipio y mandamos a Junín de los Andes para que terminen de pagar sueldo, que se aumente en 80% los sueldos los políticos, la verdad que no corresponde”.
Sobre el cierre del acto, tras el pedido del gobernador, Madueño vetó la ordenanza que dejó sin efecto el aumento.
Política de austeridad
En Provincia, el enojo tuvo fundamentos políticos y simbólicos. La gestión de Figueroa redujo la planta política, eliminó gastos considerados innecesarios, ordenó la devolución de celulares oficiales, canceló alquileres de vehículos y revisó contratos de obras para cuidar cada peso del Estado. Ese camino, sostienen, es el que deben seguir los municipios.
La decisión de retroceder con el aumento aparece ahora como un gesto de alineamiento con esa política de austeridad y como una señal de que el mensaje que baja desde la Gobernación fue escuchado. En un contexto económico complejo, la lectura oficial es clara: la dirigencia no puede quedar despegada de las prioridades reales de la sociedad.
Para el gobierno provincial, el caso Junín de los Andes funciona como una advertencia: el orden fiscal y la prudencia en el uso de los recursos públicos no son negociables.
