Este 30 de diciembre se cumplen cinco años desde que Argentina aprobó la Ley 26.710, la cual garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La conquista significó un enorme avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, en la actualidad las organizaciones observan retrocesos preocupantes que pondrían en riesgo su continuidad.
El aborto se sancionó en 2020 luego de no ser aprobado en 2018, tras una larga lucha encabezada por la marea verde y las organizaciones feministas, un movimiento que creció con fuerza en el país durante estos años de debate y discusiones, tanto en el Congreso como en las calles.
De a poco se fue instalando en la agenda pública la necesidad de tratar este derecho, el cual finalmente se sancionó, convirtiendo a Argentina en uno de los pocos países latinoamericanos con este derecho y convirtiendo al movimiento feminista local en un faro de referencia para todo el continente.
Estadísticas y datos reflejan que desde que se aprobó ha disminuido el riesgo y la mortalidad al momento de realizar la práctica, la cual garantiza que se haga bajo la mirada de un profesional, en condiciones seguras y con seguimiento médico.
Según Amnistía Internacional Argentina, entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud. Además la disponibilidad de información, insumos y atención de calidad permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre.
También detallan que se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE).
A pesar de los grandes avances, también se evidencian retrocesos. Durante los últimos años, denuncian que se ha suspendido la compra y distribución de los insumos necesarios para la práctica (misoprostol y mifepristona) y se desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA). A esto le suman la notoria reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo.
Amnistía indica que las denuncias llegan de todo el país, donde encuentran barreras para acceder a información y al acceso seguro. En hospitales públicos de distintas localidades del país, las personas son advertidas de que no hay medicación disponible, a pesar de que la provisión de insumos es una obligación legal.
Agregan que en casos se obliga a comprar la medicación por cuenta propia, algo prohibido, pero que también hay menos información que antes y no se tienen cifras actualizadas sobre la implementación de la ley.
Frente a este panorama que si bien reflejó un avance positivo, las últimas novedades generan preocupación tanto en el sistema de salud como en los organismos encargados de asegurar que se cumpla esta ley.
Por último Amnistía destacó que a principios del 2026, Argentina deberá rendir examen ante el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW), el principal órgano internacional que supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.
Los recortes de las políticas de salud sexual y reproductiva ponen al país en riesgo de incumplir compromisos internacionales y de incurrir en responsabilidad ante el sistema de derechos humanos. En esa instancia el país deberá dar explicaciones de las decisiones que hoy se toman en materia de salud y derechos.
