POLÍTICA EN NEUQUÉN

Un dato: ¿Se prevé más conflictividad social en Neuquén?

Sugestiva pregunta sobre el nuevo escenario político-social en el trámite para aprobación de pliegos de tres aspirantes a jueces penales.
sábado, 25 de noviembre de 2023 · 17:48

Tras la progresiva asunción consciente del potencialmente extraordinario escenario nacional que habilita el triunfo de Javier Milei, quien será a partir del 10 de diciembre el presidente de Argentina, comenzaron a evidenciarse algunas preocupaciones del establishment político en Neuquén: por ejemplo, la proyección de un eventual agravamiento de la conflictividad social.

Se percibió esta preocupación en la aceptación de tres pliegos para nuevos jueces, registrada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina, que, el viernes, aprobó y envió al recinto los pliegos de Juan Ignacio Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kess, postulantes para jueces penales del Colegio de Jueces de la I Circunscripción Judicial, para desempeñarse en la capital neuquina.

En las entrevistas “personales”, capítulo del examen parlamentario considerado clave para aprobar pliegos de jueces, se hizo una pregunta que, evidentemente, tiene que ver con el nuevo contexto político surgido de la victoria de La Libertad Avanza en el balotaje del domingo 19. Los diputados de la comisión preguntaron por “la criminalización de la protesta”, un concepto sugestivo y lleno de subjetividad, y que evidentemente conecta con una realidad auspiciada por el capítulo de “resistencia” que diversos sectores políticos y sociales han anticipado antes de la asunción del nuevo gobierno “liberal de derecha”, una especie de novedad inquietante en un país acostumbrado a otras mayorías.

Vale la pena reproducir lo que contestaron los aspirantes a jueces penales, ante la casi certeza de que, ya en funciones, les tocará intervenir casi fatalmente en algún caso en que se aplique el sugestivo concepto de “criminalización” de las protestas, entendiendo así a, por ejemplo, cortes de rutas, de calles, usurpaciones, y otras singularidades ya folklóricas en la región.

Según informó prensa de Legislatura, al ser consultado Guaita “por su visión en torno a la criminalización de la protesta, frente a un posible escenario de conflictividad social ante el próximo panorama político”, dijo que “no es lo mismo robar una cámara frigorífica que un paquete de arroz”, y remarcó que un juez “no puede vivir alejado de la realidad y debe comprender a la población vulnerable”.

Hermosilla caminó por los mismos senderos progresistas en los conceptos: Indicó que los funcionarios judiciales “vamos a tener que ser muy sensibles” a la realidad social y dijo que, en casos de protestas sociales o cortes de ruta, por ejemplo, es primordial “deslindar roles, responsabilidades y motivos” de la protesta. Aseguró que, como juez penal, tendría en cuenta “la perspectiva de vulnerabilidad” y “cada una de las responsabilidades, porque habrá personas que verán afectados sus necesidades básicas y criminalizarlas de antemano puede generar que se le impida el acceso a ser oída”.

No estuvo alejado de esa perspectiva el aspirante Kess, quien destacó que se deben aplicar “las alternativas menos represivas” ante situaciones como las descriptas, y recurrir a los instrumentos como la mediación, la reparación y la suspensión del juicio a prueba. Además, recordó que “el Estado no cuenta con la capacidad de procesar enormes volúmenes de personas criminalizadas”. Dijo que se debería evaluar el impacto de una política de criminalización en una población carcelaria como la del sistema penitenciario neuquino que “hoy está al límite”.

Los tres aspirantes fueron aprobados por los diputados de la Comisión A, y ahora sus pliegos irán al recinto y serán, de seguro, aprobados. Así, se sumarán tres jueces a una posición recurrente ya en la Justicia neuquina, de alta tolerancia frente a personas que deciden cortar rutas, accesos a yacimientos, o calles y lugares públicos en ciudades como la propia capital neuquina, donde el paisaje de protestas es casi habitual y cotidiano.

No es un dato menor: el establishment político abre el paraguas ante un proyectado y posible “endurecimiento” de la actitud oficial nacional ante estos hechos. La “criminalización de la protesta” es un concepto acuñado centralmente desde el sindicalismo estatal, y surgió desde Neuquén, allí por 2007 y después del asesinato de Carlos Fuentealba en la represión de un corte de ruta protagonizado por docentes en la ruta 22, en Arroyito. Ese concepto se ha discutido, y muy fuerte, desde los sectores políticos como el que ahora presidirá el país, que han manifestado claramente, por ejemplo, su compromiso ante la defensa de la propiedad privada y un límite claro para la ocupación de los espacios públicos, en defensa de las libertades individuales de quienes se ven objetivamente afectados por esas protestas.

En medio del vértigo nacional, por el que desfilan ministros y secretarios futuros a alta velocidad, confirmados y des-confirmados, en una muestra casi ansiolítica del equipo del nuevo presidente para acomodarse al pragmatismo desde un enfoque ideológico más amplio, la prevención del establishment político neuquino parece ser el de que algunas cosas no cambien tanto, o, en lo posible, nada.

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