El gobierno de Javier Milei decidió avanzar con fuertes sanciones económicas contra dos de los principales gremios del transporte del país tras el paro del 19 de febrero. La medida alcanza a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad, a quienes se les imputó el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada antes de la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo.
Según se definió desde la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo aplicará multas millonarias que ascienden a unos 70 mil millones de pesos para la UTA y alrededor de 20 mil millones para La Fraternidad. Las sanciones se fundamentan en que ambos sindicatos decidieron adherir a la medida de fuerza pese a que estaba vigente el procedimiento de conciliación laboral obligatoria, lo que, para el Gobierno, constituye una infracción grave a la normativa laboral.
La decisión se tomó por instrucción directa del Presidente y se ejecuta desde el área de Transporte que depende del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. La intención oficial es marcar un precedente frente a los conflictos sindicales y dejar en claro que las conciliaciones obligatorias deben respetarse, explicaron fuentes del Ejecutivo.
Inicialmente, dentro del Gobierno se evaluó avanzar con una sanción aún más severa: la quita de la personería gremial para los sindicatos involucrados. Sin embargo, finalmente se optó por imponer penalidades económicas de gran magnitud, consideradas suficientes para enviar una señal al movimiento sindical.
Desde la administración libertaria remarcaron que el objetivo es reforzar el cumplimiento de las normas laborales vigentes. En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que desconocer una conciliación obligatoria es considerado un hecho grave dentro del sistema de relaciones laborales.
Las sanciones se fundamentan en los procesos de conciliación dictados previamente. En el caso de la UTA, la medida regía desde el 10 de febrero hasta el 26 del mismo mes, mientras que para La Fraternidad el período se había establecido desde el 4 de febrero hasta la misma fecha. A pesar de esas disposiciones, ambos gremios resolvieron sumarse al paro impulsado por la CGT.
En el Gobierno sostienen que el pago de las multas será una instancia clave para definir los próximos pasos. En caso de que los sindicatos decidan desconocer o no abonar las sanciones, en la Casa Rosada advierten que podría volver a ponerse sobre la mesa la posibilidad de aplicar la pena máxima: la pérdida de la personería gremial.
