Neuquén está viendo uno de los juicios más importantes de su historia reciente. No por la espectacularidad, no por un crimen violento, no por la coyuntura electoral, sino porque por primera vez en mucho tiempo, los acusados son parte del núcleo del poder que gobernó esta provincia durante años, funcionarios del exgobernador Omar Gutiérrez, involucrados en una estafa multimillonaria con planes sociales.
Hablamos del gobierno de Omar Gutiérrez. Y no, no es un dato menor: algunos de los acusados por la estafa multimillonaria con planes sociales tienen como abogado defensor al propio hermano del exgobernador. Ahora que la Justicia por fin los tiene a punto caramelo, aparece el movimiento más obsceno de todos: el hermano del exgobernador defendiendo a algunos de los acusados ¿Vos te imaginas la escena? Los funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, acusados de robar millones, y del otro lado del salón, sentado, con el maletín, representándolos, el hermano del jefe político bajo cuyo mandato ocurrió la estafa.
Una estafa que no fue un error, ni un descuido, ni una mala praxis administrativa: fue un mecanismo organizado, sostenido y financiado desde el propio Estado. Hoy, ese mecanismo quedó desnudo. Sin maquillaje. Sin relato. Sin protección política. Y por eso tiemblan. Porque se acerca la fase decisiva: las penas.
Los fiscales ya fueron claros: quieren cárcel efectiva. Y tienen argumentos de sobra, porque nada lastima más a una sociedad que la corrupción promovida desde adentro del Estado. No existe delito más cobarde que robarles a los pobres usando la lapicera, la firma y el sello de un ministerio. Esto no fue improvisado. Esto no fue una torpeza aislada. Acá hubo padrones manipulados, planes sociales usados como premio político, clientelismo estructurado, recursos públicos transformados en caja partidaria, e incluso amenazas veladas para quienes no se alineaban.
Fue un sistema, creado, mantenido y amparado por funcionarios que se creyeron dueños de Neuquén. Esa es la verdad que duele: el Estado no fue víctima, fue cómplice. Algunos usaron la necesidad de la gente como si fuera mercancía, como si los pobres fueran fichas de intercambio, como si las familias vulnerables no tuvieran dignidad. Y, mientras tanto, se llenaban los bolsillos, y el discurso “defender a los sectores más necesitados”, “gestión transparente”, “prioridad social”, era pura hipocresía, puro humo, puro cinismo.
Hoy, en los tribunales, cada excusa se cae a pedazos. Los acusados dicen que “no sabían”, que “solo cumplían funciones técnicas”, que “el sistema venía armado”. Pero claro que sabían. Y claro que se beneficiaron. Este saqueo no hubiera sido posible sin una red interna que lo permitiera, sin funcionarios que firmaran, aprobaran, miraran para otro lado o, peor todavía, participaran activamente.
El juicio revela algo más profundo: una matriz de poder que confundió gobierno con propiedad privada. Una clase dirigente que creyó que podía manejar los planes sociales como si fueran sobres de campaña, y que durante años tuvo impunidad garantizada. Pero esa era se terminó. La sociedad neuquina cambió. La tolerancia al choreo se agotó. Porque no estamos frente a un delito común. Estamos frente a una estafa organizada desde el Estado, ejecutada por funcionarios del propio gobierno de Gutiérrez, con planes sociales manipulados, padrones adulterados, dinero público usado como caja política.
Neuquén ya no es esa provincia silenciosa que tragaba bronca. Hoy hay voces que no se callan, medios que no se arrodillan y fiscales que, por suerte, se animan a avanzar donde antes nadie tocaba. Por eso este juicio tiene una carga simbólica enorme. Está en juego mucho más que el destino de un puñado de funcionarios corruptos. Está en juego la credibilidad del sistema político neuquino. Si estos personajes salen caminando por la puerta, si las penas son una burla, si la Justicia decide ponerse tibia, entonces confirmaremos que la corrupción sigue siendo un deporte oficial. Pero si las condenas son firmes, duras, ejemplares… Neuquén habrá dado un paso gigantesco hacia la limpieza de su propia historia reciente.
Porque esto no se trata del pasado. Se trata del futuro. De decidir si queremos seguir siendo una provincia donde el Estado sirve a unos pocos, o empezar a construir un Estado que sirva a todos. Los neuquinos merecen saber la verdad completa. Merecen saber quiénes robaron, cuánto robaron y para qué. Merecen ver a los culpables pagar con cárcel, no con discursos.
Merecen un mensaje claro: En Neuquén, el que toca para su beneficio un peso público, va preso. Cuanto antes lo entendamos, mejor para todos. Y cuando en unos días se lean las penas, no solo serán condenados los funcionarios que participaron de la estafa. También quedará expuesto, para siempre, un modelo político que creyó que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias.
Ojalá la Justicia esté a la altura. La provincia lo necesita. Y la sociedad lo exige. La Justicia tiene la pelota. La sociedad ya habló. Ahora falta saber si los jueces estarán a la altura, o si volveremos a ver cómo la familia del poder vuelve a salvarse.
