Conversamos, en la Primera Mañana por AM550, con Carina Calfunao, la mamá de Alison, quien fuera sometida a un trasplante de corazón de urgencia luego de que una intervención quirúrgica fallara en una clínica de la ciudad. Ni en los peores sueños, ni en los peores deseos alguien puede imaginar algo así. Pero cuando una intervención tan simple se vuelve un caso de vida o muerte hay una delgada línea que separa el bien del mal.
A punto de cumplirse dos semanas de su intervención en la Clinica San Lucas, sufrió dos paros cardíacos, una infección severa, y debió ser trasladada de urgencia a Buenos Aires, donde le amputaron una pierna, para después ingresar a la lista de emergencia nacional en el INCUCAI. El pasado martes finalmente recibió el trasplante cardíaco que le salvó la vida.
Una mujer joven, enfermera, madre, hija, quedó gravemente enferma luego de someterse a una ligadura de trompas en la clínica San Lucas. Un centro de salud que, según fuentes médicas, no contaba con el equipamiento ni el respaldo profesional necesario para tratar las probables complicaciones que todo acto quirúrgico implica.
La intervención, en apariencia rutinaria, terminó con consecuencias devastadoras. Lo que debía ser un acto médico destinado a garantizar la autonomía reproductiva de una paciente, terminó convirtiéndose en una historia de dolor, lucha y discapacidad permanente. La ligadura de trompas es una práctica quirúrgica frecuente, autorizada como método anticonceptivo desde la sanción de la ley 26.130, que garantiza el acceso a este derecho sin necesidad de consentimiento conyugal.
El hecho pone de relieve un problema estructural que no puede seguir siendo ignorado: la realización de prácticas quirúrgicas en centros sin equipos completos, sin protocolos de seguridad y sin el debido seguimiento postoperatorio. No se trata solo de una falta profesional individual —que también deberá investigarse en profundidad— sino de una cadena de negligencias institucionales.
Pero hay una dimensión aún más inquietante. La creciente tendencia a ponderar más la apariencia que la sustancia, a priorizar lo “hotelero” por encima de lo clínico, como si camas impecables, recepciones modernas o piletas de natación pudieran reemplazar la formación profesional, los estándares quirúrgicos y el trabajo en equipo multidisciplinario.
Muchos centros invierten más en imagen que en capacitación médica. Se promocionan como espacios “de excelencia”, cuando en realidad no tienen capacidad de respuesta ante una complicación. En la Argentina, las ligaduras de trompas están contempladas dentro de los derechos sexuales y reproductivos, y deben garantizarse de forma gratuita en el sistema público y ser financiado por obras sociales y prepagas en el sistema privado. Pero garantizar el acceso no puede significar poner en riesgo la vida de las personas.
No es suficiente con tener un quirófano. Se requiere capacidad operativa, recursos humanos entrenados, estructura de respaldo y una red asistencial integrada. Este caso no puede quedar en una estadística más. Debe marcar un punto de inflexión. La salud privada necesita presupuesto, pero también necesita controles. El ejercicio médico no puede quedar librado a la improvisación ni a la estética institucional.
El Estado debe asumir su rol como garante de calidad, habilitación y fiscalización. La paciente, que hoy enfrenta un proceso de recuperación largo y doloroso, es una víctima del sistema; no solo de una mala praxis. Su voz, y la de tantos otros que no han tenido visibilidad, debe ser escuchada. Porque el derecho a la salud no es solo acceso, es también seguridad, dignidad, profesionalismo. Y, cuando se prioriza la forma por sobre el fondo, el precio lo paga, como siempre, el más vulnerable.
Carina, en declaraciones a AM 550, negó que hubieran recurrido a la justicia denunciando mala praxis. Pero sugirió que es hora que se haga justicia.
"Queremos justicia por Alison, por todas las cosas que han pasado, no hemos recurrido a la justicia aún, estamos enfocados en la salud de mi hija, pero tenemos que hablar y ponernos de acuerdo para que se haga justicia. Solo sé que entramos con esperanza y hoy estamos luchando por su vida. Como madre, sigo de pie solo por ella".
La medicina debería ser un refugio, un lugar donde las personas acuden buscando alivio, respuestas, vida. Pero ¿Qué ocurre cuando ese espacio, en vez de sanar, hiere?... ¿Qué pasa cuando un error humano, una omisión, o una negligencia, le cambia la vida a una familia para siempre? La mala praxis médica no es un simple accidente, es un acto que muchas veces nace de la desidia, la falta de formación, la saturación del sistema o la indiferencia de quienes olvidaron por qué eligieron curar.
Es una herida doble, física, pero también moral. Porque duele el cuerpo, pero también duele la sensación de haber sido desamparado por quienes juraron protegernos. En nuestra provincia, y en todo el país, sobran los casos silenciados. Detrás de cada caso de mala praxis hay una historia truncada, hay una madre que no volvió a su casa, un hijo que quedó con secuelas, una vida que cambió para siempre, y, lo mínimo que merecen esas personas, además de una reparación legal, es que no se los haga sentir culpable por exigir justicia.
Porque la justicia no es venganza, la justicia es memoria, es reparación, es la única forma de garantizar que lo que pasó no vuelva a repetirse. No podemos seguir aceptando que el dolor sea burocratizado, no podemos permitir que la negligencia se normalice. Hoy, desde este espacio, levantamos la voz por todas las víctimas de mala praxis, por los que ya no están, por lo que todavía esperan respuestas, por los que no se callan. Porque exigir justicia no es un capricho, es un derecho, y, también, un deber colectivo. Esto pasa cuando el derecho a la salud se convierte en riesgo.