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Sábado 09 de Agosto, Neuquén, Argentina
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Entre el saqueo y la impunidad: una megacausa que sacude los cimientos provinciales

El juicio previsto para durar hasta setiembre corre el riesgo de desvanecerse en la burocracia y la fatiga institucional.

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 11:16
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El juicio oral, iniciado el 21 de julio de 2025, contra 14 imputados por 9.303 estafas mediante mecanismos con fondos de planes sociales, expone una red institucional devastadora. Se acusa a una asociación ilícita que desvió mas de 2.000 millones de pesos, en una trama con claros indicios de clientelismo político y corrupción estructural. Hasta lo que hemos podido observar, testimonios revelan que quienes intentaron apartarse del esquema fueron presionados con promesas vacías y amenazas veladas.

Incluso se tejieron pactos de encubrimiento, celulares retirados que han comenzado a mostrar la verdadera cara de la corrupción, relatos coherentes exigidos y avisos anticipados de allanamientos. La solidaridad impuesta desde el poder protegió la operación durante demasiado tiempo. La causa es gigantesca, lo que se escucha a diario no debería ser motivo de orgullo procesal, sino de alarma.

¿Cómo se permitió que una estructura de estas dimensiones prosperara sin controles eficientes? El juicio, previsto para durar hasta setiembre, corre el riesgo de desvanecerse en la burocracia y la fatiga institucional, una oportunidad perdida para restaurar la confianza pública. No fue una cosa de punteros ni de referentes aislados, esto parece tener todos los elementos para determinar que estamos ante el diseño de rapiñaje de caja política. Es una autocensura operativa de quienes deberían custodiar el erario, y una muestra inequívoca del debilitamiento institucional.

Este juicio no solo debería servir para sancionar a los culpables, sino para reformular los mecanismos de transparencia y control. El verdadero costo no está solo en los millones defraudados, sino en la erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Si la justicia actúa con diligencia y el sistema político responde con reformas reales, aún hay margen para que este escándalo marque un punto de inflexión; si no, pasará como otro caso más, dos mil millones erosionados en silencio, bajo el manto del poder provincial, clara violación de la confianza en el Estado y manipulación de la vulnerabilidad.

El juicio está poniendo al descubierto un esquema que se provechó de personas en situación de vulnerabilidad, desempleados, estudiantes, informalidad laboral, quienes fueron utilizados para canalizar fondos públicos hacia estructuras políticas del MPN, recibiendo solo una porción mínima mientras el resto era desviado.

Testimonios como el del albañil de 34 años que cobró solo una fracción del plan del cual la cuenta tenía 52 mil pesos, hacen visibles el dolor personal y el maltrato institucional. Estas narrativas alimentan indignación y desconfianza hacia los sistemas de asistencia. La Jueza Carina Álvarez, al rechazar una pena en suspenso para tres acusados, subrayó que una sanción insuficiente envía un mensaje equivocado a la sociedad sobre la gravedad del delito, y que esto daña la confianza pública en el sistema judicial, pues ese malestar se magnifica en una provincia con un histórico dominio político, donde muchos cuestionan la conexión entre la justicia y el poder.

El juicio está revelando que muchos empleados fueron obligados a mantener silencio mediante aprietes y promesas incumplidas. Entrega de celulares, relato único y control institucional conformaron una cultura de obediencia impuesta por miedo. Muchos afectados experimentaron no solo el robo de recursos, sino una doble victimización, por parte del Estado y del sistema político.

Esa sensación de ser tratados como objetos de explotación, y la lentitud en la justicia, aumentan la desconfianza ciudadana. La repercusión del caso trasciende lo económico, porque dejó al descubierto cómo se instrumentalizan programas de asistencia para enriquecer estructuras partidarias y someter a los más frágiles. El sentimiento general es de indignación y exigencia de transparencia, la sociedad reclama no solo justicia para los culpables, sino reformas profundas que garanticen respeto, control independiente, y restitución real de los derechos.

Hasta tanto no se demuestre un compromiso público serio con la reparación y la prevención, las heridas seguirán vivas. Las redes sociales son implacables, circulan videos exclusivos de escuchas telefónicas calificadas como entre desopilantes y dramáticas, que muestran la cotidianeidad caótica de los imputados mientras la causa avanza. Un tuit resalta la influencia de Ricardo Soiza, quien tenía la última palabra. Plataformas como Facebook e Instagram difunden material audiovisual del juicio, como grabaciones de audios judiciales y formato de video con reproducción directa desde las redes.

El tono general en redes mezcla indignación por la manipulación de programas sociales con una fascinación por los detalles grotesco de las escuchas. Frases como "ni en pedo vas al cajero" reflejan una dramática cotidianeidad, mientras otros audios revelan miedo, complicidades y el cinismo institucional. La causa se volvió trending topic en Neuquén… genera fuertes cruces en el plano político y repercusiones en la campaña electoral provincial, que podrían abonar desgaste de figuras clave del oficialismo.

Esto no es solo una historia de corrupción, es la radiografía de un modelo político que, durante años encontró en la pobreza un negocio y en la necesidad ajena un recuso electoral. Los 14 imputados, ex funcionarios, operadores políticos, empleados públicos,  no son simples acusados, son los administradores de un sistema que convirtió la asistencia social en una caja negra (o azul), no les bastó con cobrar su sueldo estatal, necesitaban también quedarse con el dinero destinado a los más vulnerables, hicieron de la miseria una inversión, y de los beneficiarios,  rehenes.

Cada vez que escuchamos las desopilantes pinchaduras telefónicas, no deberíamos reírnos, deberíamos enfurecernos, porque esas risas, esas órdenes “ni en pedo vayas al cajero”, esos arreglos a escondidas, son la prueba viva de que la plata que faltó en la mesa de una familia terminó en el bolsillo de burócratas y punteros, y no fue un hecho aislado, no fueron manzanas podridas, esto tuvo jerarquía, estructura, logística y sobre todo, impunidad previa.

Se manipuló la lista de beneficiarios, se crearon legajos falsos, se retuvo parte de los pagos,  a algunos se les dio lo justo para que callaran, y al resto se los aplastó con la complicidad de un silencio comprado o impuesto, Las redes sociales hoy amplifican el escándalo, los audios, los fragmentos de declaraciones alimentan la indignación ciudadana, y es lógico, la gente entiende que aquí no hay error administrativo, sino saqueo deliberado, que el verdadero plan social fue sostener el aparato político con plata que debía ir a los pobres.

El daño no se mide en millones de pesos desviados, sino en algo mucho más grave, la pérdida de confianza en el Estado ¿Cómo pedirle a un vecino que crea en las instituciones si ve que el sistema de ayuda es usado para financiar campañas o engordar cuentas privadas?

Si este juicio termina con condenas leves, suspensiones o beneficios de ejecución condicional, el mensaje será devastador. En Neuquén se puede robar a los pobres y salir caminando por la puerta del tribunal… por eso este proceso debe dejar una marca, penas efectivas, devolución total de lo robado, y, sobre todo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, porque la política que usa a la pobreza como cajero automático no merece segundas oportunidades, y la Justicia que no castiga, tampoco.

 

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