En abril de 2024, Juan Caliani fue asesinado en su propia casa. No en la calle. No en una situación confusa. En su domicilio. En su espacio íntimo. En el lugar donde uno debería estar a salvo.
Dos menores fueron declarados responsables. El juez Dardo Bordón dictó penas Mateo Herrera 9 años y Miño 6 años de prisión.
No era la vida por la vida. No era una reparación total —porque eso no existe—. Pero era una señal. Era el mensaje de que el crimen tenía consecuencia.
Hoy, los jueces Raúl Alejandro López y Mariela Borgia impugnan esa sentencia solicitando que se disminuya la pena.
Y la herida se vuelve a abrir.
Porque cada vez que la pena se discute hacia abajo en un caso de homicidio, la sociedad siente que el dolor pierde peso. Que la vida de la víctima se mide con una balanza demasiado liviana. Sí, la ley permite recursos. Sí, el régimen penal juvenil tiene límites. Sí, el sistema está lleno de garantías.
Pero también es cierto que el Derecho no vive en el vacío. Vive en una comunidad que observa. Y la comunidad mira esto y se pregunta: ¿Nueve y seis años eran demasiado? ¿Dónde está la desproporción? ¿En qué parte de ese fallo se cometió un exceso?
Porque cuando el sistema revisa para bajar, la pregunta es inevitable: ¿quién equilibra el peso de la pérdida?
Juan Caliani no va a volver.
Su familia no recupera nada.
La sociedad no borra el mensaje de que un periodista fue asesinado en su casa.
Entonces, cuando la Justicia discute reducir penas, lo mínimo que debe hacer es explicar con una claridad quirúrgica por qué.
No alcanza el lenguaje técnico. No alcanzan los considerandos fríos. No alcanza el argumento procesal.
Hace falta explicar cómo se protege a la sociedad mientras se garantizan derechos. Porque el equilibrio entre garantías y proporcionalidad es delicado. Y cuando ese equilibrio se inclina demasiado hacia el tecnicismo, la percepción pública es demoledora: que el sistema es más severo con el trámite que con el crimen.
Neuquén no necesita jueces duros por impulso. Necesita jueces firmes en criterio. Pero también necesita decisiones que no debiliten la confianza pública.
En casos como este, la Justicia no solo aplica artículos. Envía señales. Y si la señal que recibe la sociedad es que la pena puede diluirse, el impacto institucional es profundo.
La ley protege derechos, incluso de quienes cometieron delitos gravísimos. Eso es civilización. Pero la ley también debe proteger la idea de que matar tiene consecuencias proporcionales y claras. Porque cuando la pena se achica, lo que no se achica es el dolor. Y si la Justicia no logra transmitir que su decisión fortalece el sistema en lugar de debilitarlo, la sensación que queda es peligrosa: que la balanza está perdiendo peso donde más debería sostenerlo.
Y cuando la confianza en la Justicia se erosiona, no pierde un juez, no pierde una fiscalía, no pierde una defensa.
Pierde la sociedad entera.
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