Como debería saberse, la política no se trata solo de fabricar candidatos para competir cada equis cantidad de tiempo, y ganar o perder eventualmente elecciones. Ese, simplemente, es el mecanismo ideado para la participación del pueblo en la designación de representantes. Lo más importante es a lo que usualmente se le da menos importancia: gobernar, administrar, para cumplir lo que los representados necesitan, quieren y aspiran a conseguir.
Habiendo aclarado este punto, corresponde decir que el trabajo concreto que se hace en los tres poderes del Estado es lo que da la medida de la política, en cuanto a resultados buenos o malos. La política, pues, es esencialmente el mecanismo para cumplir una planificación que mejore la calidad de vida de la comunidad en la que se desempeña.
En Neuquén, hay una luz de color amarillo, con tendencia a ponerse en rojo, en uno de esos tres poderes del Estado: el judicial. Y, la pregunta que cabe hacer aceptando esta situación, sobre la que hay diversos diagnósticos, es: ¿Podrá la política mejorar el servicio de Justicia?
El asunto está, realmente, complicado. Hay una maraña de problemas, y el tiempo urge siempre, no da tregua. Ahora, por ejemplo, hay pendiente una paritaria salarial. Los judiciales no han arreglado todavía. Los judiciales tienen un nivel salarial alto, con un presupuesto del Poder que administra los fondos, que está siempre en rojo, en déficit.
La Justicia solo tiene recursos propios para la mitad de sus gastos. La otra mitad la pone el Poder Ejecutivo. Esto no implica que haya la mínima conciencia acerca de esta situación. La mayoría (el gremio, por supuesto) actúa bajo la fantasía de que la plata está en el Estado, nace en el Estado, como un gran repollo, que después se distribuye entre quienes trabajan en esa quinta.
El tema económico judicial es uno de los temas que la política debería mejorar. Por supuesto, no es el único. Tal vez ni siquiera sea el más importante. Porque, en lo que hace a los derechos, garantías e intereses de los ciudadanos, lo que más urge es mejorar el servicio concreto. Es decir, responder a esta pregunta: ¿Qué hace la Justicia cada vez que un ciudadano demanda sus acciones?
En la semana, hubo un hecho concreto que ilustra perfectamente esta cuestión. Ocurrió en San Martín de los Andes. Actuó la Justicia de Familia, uno de los rubros de peores resultados dentro del gran laberinto de la burocracia estatal. Un juez le comunicó a un ciudadano, a las 0,52 del día jueves -según se informó oficialmente- que se le aplicaba la “exclusión del hogar, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su madre y la prohibición de ejercer actos de intimidación, perturbación o violencia por el plazo de seis meses”.
Ese ciudadano, a las 3 del mismo día, es decir, dos horas después de ser notificado, irrumpió violentamente en la vivienda de la que había sido excluido, atacó a su madre con un cuchillo “de 20 centímetros de hoja”, quiso quebrarle el pescuezo, golpeó a otras personas que estaban allí, y solo por un milagro no consiguió matar a alguien antes que llegara la policía, y actuara otro fiscal, otro juez, otro engranaje de ese laberinto defectuoso.
Exclusiones perimetrales, prisiones preventivas casi ridículas, prisiones domiciliarias que existen solo en los legajos, tobilleras diseminadas por doquier, son artículos comunes en la actual administración de la sección punitiva de la justicia neuquina. Hay una tensión permanente entre fiscales y jueces, y la policía va y viene zafando con el argumento de que, ante tales idas y venidas del laberinto, “no podemos hacer nada”.
No hablaré aquí hoy de los grandes casos. Esta semana comenzó a ventilarse otro (después de la estafa con los planes sociales) que combina la corrupción de la política puesta en funciones de administración, y los gremios, en este caso la UOCRA.
Es tan elemental que lo dejaremos para otro capítulo. Solo diré que un abogado dijo a la prensa que la mutual investigada “no tiene nada que ver con el gremio”, cuando es presidida por ¿Quién? El secretario general del gremio.
La UOCRA forma parte de un intrincado laberinto, distinto a otros, pero igual en desacierto: ha servido por conveniencia a los intereses competitivos de la política, es decir, esos que posibilitan ganar elecciones y llegar o mantenerse en el poder.
Pero enfoquemos el tema central de esta editorial: ¿Podrá la política mejorar la calidad del servicio de justicia, para así realmente beneficiar al conjunto de los ciudadanos?
Es una pregunta legítima, y se hace sin segundas intenciones. Porque solo la política, esa herramienta de la democracia, debería poder corregir las cosas que están mal, esas que no dan buen resultado, esas que malgastan el dinero del pueblo, esas que terminan por no proteger ni defender los derechos de las víctimas.
