Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomará una decisión clave respecto a la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago por la expropiación de la petrolera en 2012.
La orden judicial surge a partir de una sentencia que establece un pago de US$ 16.100 millones en favor de los demandantes. El Poder Ejecutivo argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló esta decisión y solicitó la suspensión temporal de la orden mientras se resuelven los recursos judiciales, petición que fue concedida en julio hasta que un panel de tres jueces defina cómo proceder, resolución que se espera para hoy.
Las posibles resoluciones de la Cámara de Apelaciones son tres: aceptar la suspensión del fallo mientras continúan las apelaciones, rechazar la suspensión y obligar a la entrega inmediata de las acciones para evitar el desacato, o bien permitir la suspensión pero exigir a Argentina que deposite alguna garantía con otros activos, opción que el país evita para no incurrir en desacato.
En paralelo a esta definición, Argentina mantiene dos apelaciones activas en el caso. La primera es contra la orden de transferencia de las acciones, cuyo plazo para presentar argumentos vence el 25 de septiembre. Según el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler, “la Cámara no tiene plazo para resolver esta apelación y, si bien no puede descartarse que falle este año, es más probable que lo haga en 2026”.
La segunda apelación rechaza la sentencia que obliga al pago de US$ 16.100 millones. Los demandantes buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son entidades equivalentes para avanzar en la identificación y embargo de activos, pero la defensa argentina sostiene que “el Estado e YPF no podrían ser utilizados para cumplir con una condena contra el país”.
La Procuración del Tesoro también aclaró que Argentina no presentó una contestación formal en el juicio y alertó sobre la circulación de información falsa en torno al proceso judicial.
Desde la Casa Rosada anticiparon que, de ser necesario, acudirán a la Corte Suprema de Estados Unidos para continuar con la defensa en esta compleja disputa judicial que mantiene en vilo a la Argentina y que podría extenderse varios años más.
