El Gobierno argentino se negó a entregar mensajes y documentos de los actuales y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, en el marco del juicio que se desarrolla en Estados Unidos por la expropiación de YPF. La decisión fue comunicada durante una audiencia este martes ante la jueza Loretta Preska, quien había ordenado la entrega de información en el proceso de discovery iniciado por los fondos demandantes.
La Procuración del Tesoro, que representa jurídicamente al Estado argentino, defendió la postura oficial de no aportar los datos requeridos. Desde la Casa Rosada aseguran que “de ninguna forma” entregarán información privada de funcionarios en ejercicio ni de exfuncionarios, y acusan a la magistrada de excederse en su jurisdicción.
El Ejecutivo sostiene que cumplir con la orden judicial implicaría exponer datos sensibles del país y de su estrategia legal, en un litigio que ya tiene una sentencia en contra por US$16.100 millones. El fallo autoriza a los demandantes a embargar activos argentinos, incluida la transferencia de acciones de YPF.
El conflicto con Preska y la estrategia oficial
El Gobierno teme que el incumplimiento de la orden pueda derivar en sanciones económicas, como la imposición de multas diarias. Sin embargo, la línea trazada desde el entorno del presidente Javier Milei es clara: "apelar hasta la última instancia".
“Eventualmente sucederá si nos piden cosas que no vamos a dar”, admiten fuentes oficiales. Por ahora, la Procuración trabaja en los escritos que presentará para sostener la negativa argentina ante el tribunal.
Los fondos demandantes buscan demostrar que el Estado y la petrolera son una misma entidad jurídica, para así justificar el embargo de bienes argentinos en el exterior. En ese marco, exigen acceso a comunicaciones y documentos que, según la administración argentina, son confidenciales y no deben formar parte del expediente.
Próximos pasos judiciales
El Gobierno también espera la definición de la Corte de Apelaciones sobre el pedido para suspender la entrega de acciones mientras continúa el proceso de apelación. El tribunal debe decidir próximamente qué sala tratará el caso. En tanto, las audiencias orales por la apelación del fallo de fondo están previstas para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.
En caso de un nuevo revés, la Argentina ya anticipó que está dispuesta a llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Un elemento relevante en la estrategia legal fue el respaldo de la administración de Donald Trump, que se presentó como amicus curiae en apoyo a la posición argentina en instancias anteriores, lo que aún podría tener peso en la decisión de la Corte de Apelaciones.
Por ahora, la Argentina busca resistir el avance del proceso sin comprometer información ni activos clave, en medio de uno de los litigios más costosos de su historia judicial internacional.