La situación judicial de Santiago Maratea tomó un giro inesperado luego de que la Justicia de La Plata confirmara que no logró ubicarlo para una audiencia obligatoria. El expediente se originó por una denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de promocionar productos vinculados a la alimentación sin contar con matrícula habilitante. El caso escaló debido a su inasistencia y a las dificultades para notificarlo.
El llamado a declaración había sido ordenado por el Juzgado Correccional N°2, donde interviene el magistrado Diego Tatarsky. En ese fuero se tramita la causa por presunto ejercicio ilegal de la profesión y posibles daños e injurias derivados de sus publicaciones. El contenido que difundió en redes generó el reclamo del organismo profesional, que consideró que se estaba vulnerando la normativa que regula el campo nutricional.
La audiencia estaba programada para el 26 de septiembre, pero Santiago Maratea no se presentó en la fecha fijada. Lo que en principio parecía un paso procesal rutinario derivó en una complicación mayor cuando los responsables judiciales intentaron ubicarlo en los domicilios registrados y no obtuvieron respuesta ni confirmación de su paradero.
Fuentes del caso señalaron que su dirección fiscal no coincide con la que figura en la base del Renaper, lo que imposibilitó avanzar con la cédula de notificación. Ante ese desajuste, se activaron nuevas medidas para intentar que comparezca, ya que la citación previa no llegó a destino. El tribunal ahora busca alternativas para garantizar que reciba la orden en forma fehaciente.
El conflicto tiene su origen en publicaciones donde el creador de contenido recomendaba productos relacionados con planes alimentarios o suplementos. Desde el Colegio de Nutricionistas sostienen que ese tipo de promoción puede interpretarse como una intromisión en un campo regulado, al tratarse de información sensible que requiere respaldo profesional.
La denuncia, además, incluye señalamientos por daños a la imagen institucional y expresiones consideradas agraviantes. La causa siguió su curso formal, pero el faltazo de Santiago Maratea abrió un interrogante sobre su situación procesal y el modo en que continuará la investigación.
Los funcionarios judiciales manifestaron que no existe aún una orden de detención, pero sí la intención de agotar todos los medios de localización. El expediente necesita del descargo del acusado para avanzar y definir si corresponde una imputación más grave o alguna medida coercitiva.
Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en discusión los límites de la influencia digital y las responsabilidades legales que pueden surgir al recomendar productos vinculados a la salud. El caso se mantiene activo y bajo seguimiento, a la espera de que finalmente se concrete su citación.
